Guatemala, un buen país para cometer asesinatos

"Guatemala es un buen país para cometer asesinatos". Con esta frase lapidaria, Philip Alston, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias resumió sus impresiones tras una visita oficial de cuatro días a Guatemala. El funcionario internacional mostró su preocupación por la incapacidad del Estado para combatir el crimen y calificó de "impresionantes" las escasas posibilidades de que los asesinos sean capturados y juzgados. "Esa impunidad, esa falta de investigación y la falta de condenas hacen que casi todas las muertes violentas sean responsabilidad del Estado", dijo Alston en conferencia de prensa el jueves, al término de su misión.

Las afirmaciones del relator de la ONU se corresponden con la realidad cotidiana de los guatemaltecos.

De acuerdo a cifras oficiales, necesariamente conservadoras, en este país centroamericano son asesinadas 5.000 personas al año. "Hay más muertes violentas ahora que durante la guerra civil que azotó a esta nación entre 1960 y 1996", comentó Alston.

El relator de la ONU instó a desarrollar un sistema de justicia que funcione para garantizar la supervivencia del Estado de derecho. Esto, dijo, "implica el correcto funcionamiento de la policía. Una fiscalía que realmente investigue y un sistema de tribunales que no sea corrupto". Sin embargo, estos objetivos son difíciles de conseguir en un país cuyo aparato estatal ha sido corrompido por el crimen organizado y las mafias internacionales del narcotráfico.

Como botón de muestra, el mismo día en que Alston daba por terminada su misión en Guatemala, un oficial de la policía, Jorge Macario Mazariegos, subdirector de la elitista División de Investigación Criminal, fue capturado mientras conducía un coche robado; será acusado de 15 asesinatos, la mayoría de ellos cometidos en la jurisdicción de la comisaría a su cargo.

El aparato de justicia no anda mucho mejor, con jueces atemorizados o corruptos y mafias de abogados especialistas en recursos que alargan los procesos hasta anular la acción punitiva del Estado. De acuerdo con la diputada del Congreso (legislativo, unicameral) Nineth Montenegro, sólo 12 presuntos asesinos de las más de 400 mujeres asesinadas entre enero y julio de 2006 han sido capturados y es dudoso que la fiscalía logre aportar las pruebas necesarias para su juicio y condena.

Este contexto de impunidad se traduce en que el Estado pierde presencia no sólo en comunidades aisladas, sino en cada vez más barrios periféricos e incluso centrales de la misma capital guatemalteca. Su mayor expresión son las pandillas juveniles denominadas maras (de marabunta, hormigas amazónicas que atacan en enjambre, como las abejas asesinas), que imponen su ley a sangre y fuego, hasta el punto de cobrar extorsiones a simples ciudadanos, que tienen que pagar para entrar o salir de su vecindario. Como reacción, crecen también los grupos de vecinos que se han organizado en asociaciones de autodefensa para vigilar sus calles, mientras que otros han caído en la tentación de pagar a matones a sueldo para que asesinen a los pandilleros que los mantienen aterrorizados. Se estima que, en lo que va de 2006, entre 350 y 400 pandilleros han muerto a manos de esta suerte de escuadrones de la muerte, en los que se sospecha participa la misma policía.

Otra manifestación igualmente brutal son los linchamientos, práctica que se da fundamentalmente en las áreas rurales, en particular en aquellas donde la feroz represión contrainsurgente dio lugar a las más de 600 masacres documentadas de la guerra sucia y que permanecen impunes. Este año, nueve personas han muerto de esa forma.

Philip Alston alertó sobre esta situación. Hay dos caminos, dijo. Uno de ellos es optar por la mano dura. El otro es que la policía y los tribunales de justicia hagan su trabajo. "En Guatemala pareciera que ante la falta de apoyo y de fondos, la mano dura sea el único camino", dijo, para recordar las fatales consecuencias de esta alternativa: "Cambien la expresión 'mano dura' por 'doctrina de seguridad' y verán cómo las consecuencias son las mismas que durante la guerra fría se vivieron en países como Argentina, Uruguay, Brasil y la misma Guatemala".

Dejó también una receta para tomar la senda correcta, la cual pasa porque la sociedad guatemalteca abandone la indiferencia, el Congreso emita las leyes de seguridad que mantiene dormidas en los cajones, el Ejecutivo despierte y los empresarios paguen sus impuestos.

El relator de la ONU Philip Alston y la premio Nobel Rigoberta Menchú, la pasada semana en Guatemala.