Viaje al centro de la rebelión de Oaxaca
Líderes de la revuelta son acusados de tener vínculos con grupos armados de la región de Loxicha
La lista de agravios de Oaxaca es interminable. De los 50 municipios que la ONU considera más pobres de México, 21 pertenecen a este Estado en conflicto permanente desde hace cinco meses. "El 40% de los municipios más rezagados del país están en Oaxaca", reconoce el propio gobernador, Ulises Ruiz, enemigo número uno de los protagonistas de la revuelta. La región de Loxicha, en la Sierra Madre Sur, concentra buena parte de los males de uno de los Estados más olvidados por el Gobierno federal. Pero no por el Ejército, que mantiene en aquellas tierras tres bases de operaciones desde la aparición en 1996 del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una organización guerrillera de la que poco se sabe pero que ya es leyenda en Oaxaca.
Las autoridades creen que Loxicha es un bastión del Ejército Popular Revolucionario
"Marginación y olvido se juntan con la impunidad y la corrupción desde hace más de tres décadas". Así describe el panorama oaxaqueño el padre Wilfredo Mayren, que participó en los fracasados intentos de mediación en el conflicto y buen conocedor de las profundidades de este Estado mexicano. Más allá de las reclamaciones de los maestros, los problemas de Oaxaca tienen raíces profundas que fueron ignoradas sistemáticamente por el PRI, el único partido que ha gobernado en el Estado durante más de 70 años.
Loxicha era el 28 de agosto de 1996 una de las regiones más marginadas de México, con una población de 35.000 indígenas zapotecos. Aquella noche un grupo armado atacó la base militar de la Sexta Región Naval en Huatulco, en la costa del Pacífico. Hubo 12 muertos, entre marinos, policías y guerrilleros. Fue la tarjeta de presentación en Oaxaca del EPR, que por aquellas fechas trató de llamar la atención en otros Estados, como Guerrero, Veracruz y Chiapas, y en el Distrito Federal.
En septiembre, el Ejército ocupó varias comunidades de Loxicha y estableció tres bases de operaciones mixtas en las cabeceras municipales de San Agustín, Magdalena y La Sirena. La ola represiva provocó más de 500 detenidos, la mayoría campesinos indígenas, de los que 160 fueron procesados y encarcelados, según cifras del abogado Israel Ochoa, que asumió la defensa de un buen número de los acusados. "Muchos fueron puestos en libertad después de haber sido torturados". Los 12 presos que quedan cumplen condenas de hasta 31 años por delitos de traición a la patria, sabotaje y homicidio, entre otros.
Los camiones militares siguen patrullando por las escarpadas pistas de la Sierra Madre Sur. En Magdalena Loxicha, municipio de 500 habitantes junto al río del mismo nombre, viven los hermanos Juan y Vicente, quienes fueron detenidos en los peores años de la represión, acusados de pertenecer al EPR. "Me preguntaban quién politizaba a la gente y me enseñaban fotos de los compañeros que participaban en marchas. ¿A quién conoces?", explica Juan, que fue detenido un mes después del ataque del EPR a la base naval. Era el líder municipal de Magdalena, elegido en asamblea comunitaria, según los usos y costumbres de los pueblos originarios.
Vicente dice que los habitantes de Loxicha siguen siendo sospechosos para el Ejército. "Ahora nos respetan, pero nos vigilan". Atribuye la ola represiva en estos parajes remotos no a la existencia del EPR -"nunca detuvieron a alguien con un arma en la mano"-, sino al crecimiento de la Organización de los Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), que el Gobierno considera precursora del EPR. "El Gobierno se preocupó porque tumbábamos a los caciques que nombraban a los presidentes municipales y elegíamos a nuestros representantes", replica Vicente.
La pista que llega hasta Magdalena fue construida por el Ejército después de instalar su base. Antes había que hacer el camino a lomos de mula. "Abrieron la pista para el paso de los vehículos militares", dicen los vecinos, que enumeran algunas de las carencias de Loxicha: asistencia médica, aulas, energía eléctrica, agua canalizada, programas para adultos.
Donaciano Valencia, Chano, 64 años, maestro de educación indígena, fue presidente municipal de San Agustín Loxicha a finales de los 80. Fue detenido en abril de 1997, acusado de conspiración y rebelión. Pasó tres años y siete meses en prisión. "Todo fue fabricado. Un testigo falso, un pobre hombre que compraron por cuatro pesos, firmó una declaración en mi contra". Explica que relacionaron el ataque en Huatulco con el movimiento indígena de Loxicha y que uno a uno fueron cayendo los dirigentes de OPIZ. "Para ellos, todos éramos comandantes guerrilleros", dice Chano, que hoy es miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). "Queremos recuperar lo bueno que tuvo la organización en Loxicha para la APPO", señala.
El caso Loxicha dejó un estigma hacia los habitantes de aquella región, dice el abogado Israel Ochoa. "Algo así como lo que sucedió con Ayacucho en Perú a raíz de la guerra desatada por Sendero Luminoso". Las autoridades están convencidas de que Loxicha era un bastión del EPR, y han lanzado campañas de intimidación.
Las células del EPR se disgregaron y guardaron las armas, que asoman ahora. La APPO puede ser una de las secuelas de aquel conflicto. Algunos líderes de la APPO han sido acusados de vinculaciones con grupos armados, pero hasta la fecha nadie ha aportado prueba alguna.
