Washington estudia cancelar las sanciones a los países que no apoyan su inmunidad ante la CPI
Estados Unidos estudia suspender las sanciones impuestas a algunos países de América Latina por no apoyar la exención de los ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), según Adolfo Franco, gerente adjunto de la Agencia de Desarrollo Internacional de EE UU. Las naciones penalizadas son Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y México, a los que Washington les ha cancelado la ayuda económica y militar directa, que financiaba programas como el combate contra el narcotráfico y la promoción de los derechos humanos.
Estas represalias no les han intimidado. Al contrario, el canciller de Chile, Alejandro Foxley, ha indicado que su país está a punto de incorporarse a la CPI.
Por su parte, Franco dijo a un pequeño grupo de periodistas que la Casa Blanca "trata de resolver este asunto" y considera levantar las sanciones, aunque señaló que aún no ha determinado si las cancelará para todos los países de la lista o sólo a algunos. Su supresión "será una decisión que realizarán en última instancia la secretaria de Estado [Condoleezza Rice] y el presidente", George W. Bush, dijo Franco.
Bush tiene la autoridad de eximir a países de las sanciones por razones de "interés nacional". Hasta ahora en América Latina sólo ha tomado esa medida con respecto a Argentina, por considerar al país austral como un "aliado importante", del mismo modo que ha hecho excepciones con los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Con la amenaza de sanciones, EE UU ha convencido a más de 100 países de que firmen los llamados acuerdos del Artículo 98, mediante los cuales se concede inmunidad ante esa corte a los ciudadanos estadounidenses en su territorio, sean civiles o militares. En América Latina los han suscrito Colombia, Bolivia, Panamá, República Dominicana y Honduras
Franco afirmó que la asistencia cancelada sólo asciende al 10% de los fondos que EE UU destina a América Latina, ya que sólo afecta a la ayuda directa a los Gobiernos y no a las subvenciones destinadas a organizaciones no gubernamentales. El Departamento de Estado no ha publicado la cifra exacta de la ayuda económica retenida.
En el año fiscal 2005, que terminó en septiembre de ese año, los fondos para la compra de armamento y la educación de militares suspendidos ascendieron a 4,5 millones de dólares. Ecuador fue el país más perjudicado, con una pérdida de 2,3 millones.
El posible cambio de política no se debe a que Washington haya recapacitado sobre su oposición a la CPI, que juzga a sospechosos de genocidio, así como de crímenes de guerra y lesa humanidad. Washington mantiene su argumento de que el tribunal podría ser usado para encausar a funcionarios y militares estadounidenses por motivos políticos.
