La continuidad del gobernador radicaliza la crisis en Oaxaca

La situación en Oaxaca se radicaliza. Ante la negativa del gobernador Ulises Ruiz a dimitir y del Senado de la nación a destituirle, el movimiento de protesta en el Estado mexicano anunció el martes por la noche más barricadas, nuevas "tomas" de ayuntamientos, "clausura" de más dependencias gubernamentales y cortes de carreteras. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que encabeza la resistencia civil contra Ruiz, se ha declarado en "alerta máxima" ante una eventual intervención de las fuerzas de seguridad federales para poner fin al conflicto que empezó el 22 de mayo.

Radio APPO, la emisora tomada desde el 22 de agosto, hace constantes llamamientos a los oaxaqueños a estar atentos y a endurecer los métodos de lucha para lograr la caída del gobernador. Éste es hoy el objetivo central e irrenunciable del movimiento de lucha en Oaxaca, por delante, incluso, de las reivindicaciones laborales de los maestros, que fueron el origen del conflicto.

Pero Ulises Ruiz no se va. Cuenta todavía con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna en Oaxaca desde su nacimiento como fuerza política hace más de 70 años. El coordinador priísta en la Cámara de Diputados federal, Emilio Gamboa, descartó que el gobernador Ruiz pida licencia como una posible vía de salida del conflicto, aunque reconoció que Oaxaca está "intransitable". Tampoco el conservador Partido Acción Nacional (PAN), en el Gobierno, ve con buenos ojos la destitución de Ruiz, por el precedente que sentaría en un México donde crece la protesta callejera contra gobernantes cuestionados.

"Desaparición de poderes"

La petición unilateral de licencia o permiso por parte del gobernador es la solución que ha ido tomando cuerpo en los últimos días en los círculos políticos de la Ciudad de México. El Senado tiene sobre la mesa el informe de la comisión que visitó la conflictiva ciudad la semana pasada, pero está descartado que recurra a la figura constitucional de "desaparición de poderes", que permitiría la destitución de Ulises Ruiz. Oaxaca vive una situación de ingobernabilidad, pero no tanto como para declarar que las instituciones no funcionan, sostienen los senadores.

La APPO está decidida a demostrar lo contrario, y las brigadas móviles appistas fueron reactivadas ayer, y a partir de primera hora de la tarde clausuraron varias dependencias gubernamentales.

Los dirigentes de la Asamblea Popular y de los maestros en huelga coinciden en señalar que éstos son días decisivos para el futuro de su lucha. Desconfían del Gobierno mexicano, del presidente Vicente Fox y de sus promesas de diálogo como única vía de solución, y no descartan que una noche, por sorpresa, se produzca una irrupción policial.

La comunicación entre las partes está prácticamente rota desde que la Secretaría de Gobernación lanzó un ultimátum a los maestros para que volvieran a las clases el lunes pasado. Si el Senado no aprueba la desaparición de poderes y la consiguiente destitución del gobernador, si éste no pide licencia ni dimite, el desgobierno en Oaxaca irá en aumento, como la APPO empezó a demostrar ayer.

Pese a los confusos mensajes del Gobierno y de los políticos a favor del diálogo, el uso de la fuerza no está descartado. Se trata de una decisión difícil para el conservador Partido Acción Nacional (PAN), en el Gobierno, quienquiera sea el ocupante de la residencia de Los Pinos. Sería una pésima despedida del presidente Fox, pero un estreno mucho peor del presidente electo, Felipe Calderón.