Una nueva ley de televisión divide a México en plena campaña electoral

Empresarios, profesionales, congresistas e intelectuales están profundamente divididos en México en torno a la nueva ley de Radio y Televisión, promulgada el martes pasado por el presidente Vicente Fox con una rapidez inusual después de su aprobación por el Congreso. El texto ha generado tal cantidad de críticas que el Senado discutirá y eventualmente votará mañana varias reformas paralelas, para llenar los vacíos de la ley aprobada.

México está inmerso en la campaña electoral de las presidenciales del 2 de julio, y un tema tan sensible como la regulación de los medios de comunicación masivos es un arma política a la que nadie quiere renunciar.

La aprobación de la controvertida ley no podía darse en un momento político más delicado. Con la luz verde presidencial, el nuevo texto será una bandera partidista, estiman varios observadores, que advierten de que la fluctuación de los candidatos en las encuestas se interpretará como el pago de los grandes consorcios mediáticos a la aprobación de la ley.

Legisladores de los tres grandes partidos han confirmado la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de una acción de inconstitucionalidad. Fuentes jurídicas dudan del éxito de la iniciativa, que tendría un alto coste político para el alto tribunal, después de que el presidente no vetara el texto, como pedían sus detractores.

La nueva ley mejora sustancialmente una legislación obsoleta que data de 1964, aseguran los representantes de la industria de radio, televisión y telecomunicaciones, que apoyaron por escrito el texto, aprobado por toda la Cámara de Diputados y dos terceras partes del Senado. En el extremo opuesto, la escritora y periodista Elena Poniatowska opina que la ley reduce las opciones de los mexicanos a informarse y elegir entre varias alternativas. "Es un enorme retroceso en la vida democrática de México, porque sólo vamos a oír las voces de Televisa y de TV Azteca, los dos grandes consorcios mediáticos", asegura.

Los detractores la denominan ley Televisa, término ampliamente difundido en diarios y revistas poco condescendientes con la reforma. "Somete TV al Senado", tituló en portada el diario Reforma.

Intelectuales destacados como Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor y Margo Glantz critican la ley por considerar que pone en peligro el futuro de las emisoras comunitarias, indígenas y los medios públicos en general. "Son intelectuales muy prestigiosos, pero creo que ninguno de ellos ha leído la ley", replica el abogado Javier Tejado, presidente del Comité de Estudios Legislativos de la Cámara de Radio y Televisión Mexicana, y alto directivo de Televisa.

"Los permisos bajo los que operan las emisoras públicas, comunitarias y culturales seguirán ahí, no se les quita nada. Buena parte de la desinformación ha venido de los medios públicos mexicanos, cuyos directivos son nombrados por el secretario [ministro] de Educación Pública de turno y pretendían que la ley les mantuviera en sus cargos", añade Tejado.

Algunos congresistas han hecho casus belli de la nueva ley. Como el senador Javier Corral, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN), que sostiene que el Senado regala a Televisa más de 1.000 millones de dólares. Corral acuñó el término ley Televisa, que hace furor en un sector de la población.

Quienes votaron en contra en el Parlamento, como Dulce María Sauri, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aducen que la ley favorece la concentración y pone en riesgo tres elementos esenciales para la democracia y el desarrollo nacional: "Pluralidad, diversidad y sana competencia".

Licencias comerciales

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley tiene que ver con la concesión de licencias para fines comerciales. Superado el pliego de condiciones, la Comisión Federal de la Competencia (Cofeco) debe dar el visto bueno. Finalmente, el desempate entre idóneos se dará por subasta pública, es decir, ganará quien pague más. De ahí que los adversarios de la ley argumenten que tendrán ventaja las empresas más poderosas.

Tejado asegura que la industria en bloque defiende la ley porque fortalece el órgano regulador Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones), que adquiere mayores atribuciones en la concesión de nuevas licencias de radio y televisión, en detrimento del presidente de la República, que hasta ahora tenía la facultad de repartir frecuencias discrecionalmente. Así solía ocurrir al final de cada sexenio.

De acuerdo con la nueva ley, los cinco comisionados del Cofetel serán nombrados por el Ejecutivo con la aprobación del Senado. Las voces críticas dudan de la independencia de los comisionados, cuya designación, aseguran, será el resultado del cabildeo de la industria con el Legislativo y el Ejecutivo. "No le quepa duda de que en el Cofetel tendrán sus representantes los grandes consorcios como Televisa, TV Azteca, Telmex o Telefónica", dice un analista del sector.