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Los presos bolivianos suspenden las acciones de protesta violentas

Grupos de internos se han cosido los labios o se han semienterrado

Los presos de las cárceles bolivianas suspendieron ayer temporalmente las fuertes medidas de presión de los últimos cuatro días, en los que algunos se cosieron los labios, se enterraron hasta el cuello o se crucificaron, aunque seguirán en huelga de hambre hasta el próximo jueves, cuando el Congreso revise la Ley de Ejecución de Penas, una de sus principales exigencias. Los cerca de 7.000 encarcelados reclaman además la agilización de los juicios -el 73% de los presos no tiene condena- y la revisión de las leyes antinarcóticos.

La huelga de hambre comenzó el pasado lunes, y a partir del martes, grupos de presos optaron por medidas extremas como crucificarse, enterrarse hasta el cuello, coserse los labios, sacarse sangre para escribir sus demandas o infligirse heridas en la cabeza, la cara y los brazos. Según se informó desde la cárcel de mujeres de La Paz, algunas presas en estado de gestación estaban dispuestas a sumergirse en agua, y otros amenazaron con inmolarse.

Estas medidas de presión tan extremas reflejan las duras condiciones en las que transcurre la vida de los presos, como consecuencia de los retrasos crónicos que caracterizan el sistema judicial boliviano. Son tales las demoras que el 73% de los 6.651 internos en los 55 penales de Bolivia no tienen aún condena y están en prisión en espera de sentencia, según reconoció a Efe el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos. Los reclusos reclaman una norma excepcional que permita liberar a aquellos cuyos procesos están atascados en la justicia ordinaria desde hace muchos años.

Las autoridades y los presos también han denunciado que hay un trato discriminatorio contra los pobres, por las altas sumas de las fianzas, que sólo pueden pagar los que tienen más medios.

Los prisioneros demandan también que quienes hayan cumplido la mitad de su sentencia tengan el beneficio de trabajar fuera de la cárcel por las mañanas, y que se reduzca la condena en un día por cada dos de trabajo o estudio. Además, exigen la redención o perdón de las penas para quienes han cumplido las dos quintas partes de la condena. La petición probablemente más difícil es la de reducir las condenas máximas de 25 a 15 años establecidas en la ley antidroga, que obliga además a que los inculpados se defiendan desde la cárcel, pues omite la presunción de inocencia.

Debate parlamentario

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El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, confirmó que para el jueves se ha convocado una sesión del Congreso que debatirá las posibles reformas a la Ley de Ejecución de Penas. Varios diputados han señalado la necesidad de que la reducción de penas establezca excepciones, por ejemplo a los homicidas y violadores, y al ex dictador Luis García Meza, sentenciado a 30 años sin derecho a indulto.

Los presos decidieron suspender las medidas de presión más duras, pero no la huelga de hambre, y ratificaron su decisión de mantenerse alertas hasta que el Parlamento proceda a la revisión de las disposiciones legales.

Las cárceles bolivianas, excepto las dos de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, y Palmasola, en Santa Cruz, están superpobladas, lo que obliga a los internos a vivir hacinados, en condiciones de inhabitabilidad. Muchos de ellos, hombres y mujeres, viven con sus hijos pequeños en los recintos carcelarios para no abandonarlos a su suerte en las calles.

Por ejemplo, en la cárcel paceña, construida en 1895 y con capacidad para 300 personas, viven 200 niños con sus padres, pues las madres están recluidas en penales distintos. Con ocasión de esta huelga, se estudia la posibilidad de evacuar a los menores a centros de acogida hasta que se aplaque la situación de tensión.

Los presos tienen un acceso limitado a programas de rehabilitación, aunque se ha mejorado la posibilidad de estudiar o de realizar trabajos artesanales que se venden en locales exteriores de las mismas cárceles. Aunque mínimo, el ingreso por estos productos apoya la asignación diaria de menos de cincuenta centavos de dólar (39 céntimos de euro) que el Estado otorga para la alimentación de los internos.

De la población penal, un 38% se encuentra en Santa Cruz, el 25% en La Paz y el 16% en Cochabamba. El resto se distribuye en las cárceles de las otras seis capitales y ciudades secundarias.

El presupuesto para atender las 55 cárceles del país es de 3,4 millones de dólares (2,7 millones de euros), según el director de Régimen Penitenciario. El Gobierno boliviano pretende elevar esta suma a 8,8 millones de dólares el próximo año, para que quienes hayan cumplido la mitad de su sentencia tengan el beneficio de trabajar fuera de la cárcel.

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