España, paraíso de apuestas

En España se puede apostar en Internet aunque no hay casas de juego españolas. El mercado no está regulado y cualquier empresario que quiera abrir una casa de apuestas online lo tiene que hacer en otro país, como por ejemplo el Reino Unido. No hay empresas pero los españoles sí juegan: la Asociación Española De Apostadores Deportivos Por Internet (AEDAPI) señala que en 2005, medio millón de españoles se acercaron a las casas de apuestas y, de esos, 80.000 apostaron todos los meses. En lo que va de año, el negocio ha movido en España 500 millones de euros.

El abogado especialista en Internet y en nuevas tecnologías del Bufet Almeida, Javier Maestre, explica que en "España no hay ninguna regulación aplicable al mercado de las apuestas en Internet. Las competencias del juego están actualmente asumidas por las comunidades autónomas que podrían regular el juego y que éste fuese perfectamente legal aunque supongo que no lo hacen para no enemistarse con el Gobierno central". Como explica Maestre, la legislación del juego ha sido históricamente asumida por el Estado que lo limitó para proteger al ciudadano de un "fenómeno perverso".

El resultado, en España y en otros países de la UE, es que los empresarios que deseen abrir una casa de apuestas en Internet se tienen que ir fuera. Enric Flix, gerente de Miapuesta.com, explica que la empresa opera desde el Reino Unido. Flix señala que confía en que las comunidades autónomas hagan algo pronto porque "llevan con el tema encima de la mesa desde hace mucho tiempo". El gerente de Miapuesta.com aclara que "tenemos licencias de juego británico, pagamos impuestos al Reino Unido y cuando hay un ganador español le hacemos una transferencia bancaria con lo cual la operación se realiza delante del sistema financiero español. No escondemos nada, cero movimiento en dinero b".

Transparencia total

La transparencia total es lo que quieren conseguir las casas de apuestas. El presidente de AEDAPI, Juan Barrachina, explica que la regulación terminaría con la "alegalidad" que existe actualmente. Y se muestra confiado en que eso ocurra pronto. "La situación en España es mejor que en países como Francia dónde el estado es más restrictivo. Aquí vemos que las comunidades autónomas son más aperturistas y están comenzando a dar pasos para regular el mercado".

Pese a ello, Barrachina, señala que algunos de los pasos que se dan son incongruentes. "Ahora mismo la Comunidad de Madrid y la del País Vasco van a lanzar un nuevo decreto para dar más licencias de juego y también regular juego y nuevas tecnologías en su territorio. Aunque en Internet no hay fronteras. Es absurdo que en Madrid, se deje jugar y en la comunidad de al lado no".

Barrachina señala que la decisión del Estados Unidos anunciada esta semana de prohibir el uso de tarjetas de crédito y el dinero electrónico para el pago de apuestas en la red ha sido un mazazo para un gran número de empresas. "Estados Unidos ha decidido cerrar el mercado . Como allí tampoco las empresas podían instalarse pero los norteamericanos jugaban, ha decidido bloquear al intermediario, al sistema financiero, no podía perseguir a miles de ciudadanos ni a las empresas de apuestas instaladas en decenas de países".

El presidente de la asociación señala que la decisión norteamericana va a beneficiar a España. "El mercado ahora se va a volcar en España, Brasil, Portugal e hispanoamérica. Eso va a beneficiar al consumidor, que tendrá más empresas dónde elegir, y al país pues se va a invertir más dinero en publicidad".

Actualmente, la UE también estudia regular el mercado. Y, como explica Maestre, no ve con malos ojos, las casas de apuestas online . Para ello cita la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el caso Gambelli de 2003: un operador británico operaba a través de un intermediario italiano y éste fue procesado pues en Italia el juego es monopolio del Estado. El fallo determinó que "si un estado incita a la participación en loterías, apuestas y juegos de azar con el fin de obtener beneficios, dicho estado no podía invocar el mantenimiento del orden público para justificar medidas restrictivas". Maestre concluye que es "hipócrita" justificar el monopolio estatal del juego amparándose en la protección ciudadana.