El Consejo de Estado vapulea el reglamento antitabaco de Aguirre

El Consejo de Estado, órgano consultivo que analiza si las normativas que aprueban las administraciones cumplen la ley, ha emitido un dictamen que cuestiona la legalidad del reglamento antitabaco aprobado por la Comunidad de Madrid, cuya presidenta es Esperanza Aguirre. Este reglamento, aprobado por la Consejería de Sanidad, cuyo titular es Manuel Lamela, pretendía rebajar y suavizar el contenido de la ley aprobada por el Ministerio de Sanidad. Lamela llegó a calificar la ley como "inconstitucional".

El Consejo cierra la puerta a que las empresas habiliten zonas para fumadores en sus cafeterías con una superficie mayor de 100 metros cuadrados. El reglamento de la Comunidad de Madrid también permitía que en los reservados o zonas aisladas de los restaurantes el cliente fumara. El Consejo de Estado rechaza este artículo ya que considera que no hay "resorte alguno en la ley [estatal]" que lo permita. Asimismo, el Consejo cree ilegal fumar en bodas y banquetes.

El dictamen también cuestiona la legalidad del regimen sancionador propuesto por Lamela,

que quería imponer las sanciones en su grado mínimo como norma general. El Consejo recuerda que la ley ya establece que las multas deben aplicarse "en el grado mínimo, medio y máximo según motivadamente proceda" a juicio de los inspectores.

Además, el Consejo tumba el reglamento de Lamela cuando establece que el denunciado, antes de un mes tras la apertura del expediente, tuviera que ratificar el contenido de la denuncia. A juicio del Consejo de Estado esto sería tanto como dejar en manos del infractor el imponerle una sanción o no. "La Administración no podría liberarse de su propia responsabilidad por el hecho de que el denunciante no ratificara su denuncia" sostiene el Consejo.

El dictamen también impide a la Comunidad prolongar en otros seis meses los ocho de plazo que dio la ley, ya cumplidos, para que los locales públicos se adapten a la nueva ley. En su análisis general al reglamento, el Consejo se permite cuestionar las intenciones reales del Gobierno regional. "La norma no constituye realmente un texto de desarrollo general de la Ley estatal, sino más bien un conjunto de artículos destinados a encontrar aspectos que pueden ser de interpretación problemática".

Arma política

El dictamen del Consejo de Estado coincide con las críticas vertidas por el PSOE regional y la ministra de Sanidad, Elena Salgado, en los últimos meses. El diputado regional, Lucas Fernández, acusó en junio a Lamela de "jugar con la salud de los madrileños, con un reglamento que, en lugar de desarrollar la ley, quiere ser un arma política para utilizar contra el ministerio".

Lamela también se topó con las críticas de los técnicos de salud pública de su propia consejería. Éstos firmaron una carta en la que alertaban de que, cuando entrara en vigor el reglamento, los madrileños quedarían más expuestos que los demás españoles al "aire contaminado" por el tabaco y que aumentará su "riesgo de padecer cáncer de pulmón". Los técnicos también criticaron el "escaso compromiso" de Aguirre y Lamela con "la salud de los madrileños". La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública pidió que Lamela y Aguirre rectifiquen y muestren que les "interesa más la salud de los madrileños que los enfrentamientos con el ministerio".