Telefónica pagará 53 millones para poder convertir 48 edificios en pisos y oficinas

Después de tres años de dura negociación en los que Telefónica llegó a llevar a los tribunales al gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, el vicealcalde, Manuel Cobo, anunció ayer que la compañía y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo para convertir en pisos u oficinas 48 edificios que Telefónica tiene en el centro de Madrid. El gobierno municipal iniciará de inmediato los trámites para permitir ese cambio de usos del suelo -ayer aprobó el proyecto de modificación del Plan General-, pero se embolsará a cambio 53 millones de euros, el 70% de las plusvalías obtenidas por la empresa.

El convenio inicial, firmado por el anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano, el 7 de abril de 2003 -en su último mes de mandato- dejaba al municipio unos beneficios de sólo seis millones.

Ese acuerdo fue tachado de escandaloso por PSOE e IU, y cuando Ruiz-Gallardón llegó al Ayuntamiento, en junio de 2003, se negó a ratificar el convenio por considerarlo excesivamente beneficioso para la compañía. Desde entonces, ambas partes han estado negociando.

El conflicto tiene su origen en la ley que en 1997 liberalizó el sector de las telecomunicaciones y en una posterior orden de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de 2002: el monopolio público fue sustituido por la libre competencia. Telefónica, que hasta ese momento estaba obligada a mantener sus inmuebles para uso público, se convirtió en privada y logró la autorización para vender esos edificios a inmobiliarias. Lo mismo ocurrió con las propiedades de empresas como Unión Fenosa o Iberdrola.

La competencia para cambiar el uso del suelo es de los ayuntamientos, así que en cuanto fue aprobada la orden ministerial de 2002 Telefónica se puso a negociar con Ignacio del Río, concejal de Urbanismo en el gobierno de Álvarez del Manzano.

Cantidad irrisoria

El acuerdo llegó el 7 de abril de 2003: el Ayuntamiento se comprometía a recalificar 48 parcelas sobre las que se levantaban inmuebles de la compañía, muchos de las cuales ya no va a necesitar porque ha ido sustituyendo las antiguas centrales analógicas por centrales digitales (que requieren mucho menos espacio). Como la operación iba a generar plusvalías multimillonarias a Telefónica, ambas partes acordaron que las arcas públicas recibían a cambio seis millones de euros. Una cantidad que fue considerada irrisoria por la oposición. También debió de parecerle irrisoria al nuevo gobierno de Ruiz-Gallardón, porque nada más llegar a la alcaldía comunicó a Telefónica que no iba a ratificar el convenio firmado en trámite inicial por su antecesor.

El Ayuntamiento calculó las plusvalías que iba a generar la venta de los inmuebles (unos 61 millones de euros, según la Concejalía de Urbanismo) e hizo su propuesta: el 70% (47 millones) para el municipio, y el 30% (18 millones) para la empresa. Además, el Ayuntamiento recibirá otros seis millones para construir dotaciones públicas junto a las nuevas viviendas. En total, 53 millones, en lugar de los seis millones pactados por Álvarez del Manzano.

Telefónica se negó en redondo, enarboló el convenio firmado con Del Río e incluso presentó un recurso contencioso administrativo para exigir que se cumpliera. El mes pasado, sin embargo, dio su brazo a torcer y firmó el nuevo convenio, aceptando las reivindicaciones municipales. La coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón, aseguró que la empresa ha cedido porque "ha entendido que el trato de 2003 no podía sostenerse", y no porque el Ayuntamiento le haya prometido nada a cambio. Y subrayó que los 53 millones los tiene que pagar Telefónica "venda o no sus edificios". Eso sí, el abono del dinero se hará a lo largo de 20 años, y no "en un mes", como figuraba en la primera propuesta defendida por la Concejalía de Urbanismo.

Telefónica, presidida por César Alierta, no quiso comentar el convenio, cuyo texto aún no se ha hecho público. La recalificación de los 48 inmuebles no afecta al emblemático edificio de Gran Vía donde tiene su sede la compañía.