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Un instituto de Fuenlabrada impone los vaqueros sin marca como uniforme

La dirección quiere evitar rivalidades entre los alumnos, muchos de ellos con escasos recursos

Ni faldas, ni bermudas, ni camisetas de colores o ajustadas. Desde este curso, los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO del instituto Barrio de Loranca, en Fuenlabrada, están obligados por la dirección del centro a llevar un uniforme que consta de una sudadera y un pantalón vaquero sin marca. Todos iguales. Y obligados.

Además, los de 4º de ESO y 1º de bachiller tienen que llevar, también de forma obligatoria, un determinado chándal para hacer gimnasia. Un grupo de padres de alumnos, alrededor de un centenar, ha mostrado su disconformidad con la norma, que tachan de "ilegal".

La dirección del centro basa la imposición del uniforme en que en el instituto hay un 52% de alumnos procedentes de familias desfavorecidas, lo que provoca "que haya problemas porque unos llevan ropa de marca y otros no", señaló el director del centro, Buenaventura Granados. "Dentro del instituto ha habido robos de ropa porque los chavales están obsesionados con las marcas. No queremos que se traspase este conflicto al proyecto escolar", agregó.

Una portavoz de la Consejería de Educación señaló que la decisión había sido aprobada por el consejo escolar del centro y que, por tanto, es legal.

Los padres contrarios a la medida, y que cuentan con el apoyo de la asociación de vecinos Nuevo Versalles, aseguran que ya llevan recogidas 100 firmas de apoyo (el instituto tiene 631 alumnos). Además, se niegan a que sus hijos vayan a clase con un uniforme que cuesta 90 euros y que obligatoriamente hay que comprar en el instituto. "Lo único que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con unos almacenes para que la ropa sea más barata. Les cedemos un sitio en el instituto para que la venta se realice aquí", explica el director del instituto.

Desde Educación, se recuerda que el consejero, Luis Peral, ya contestó el jueves pasado a este asunto en la Asamblea de Madrid, a instancias de una pregunta de Izquierda Unida. "La implantación del uniforme se adopta por la autonomía de la que dispone cada centro y que deriva de la Ley Educativa. Además, la mayoría de los padres y de los alumnos están de acuerdo", señalan desde el Gobierno.Las pretensiones de la dirección del instituto pasan porque los chavales que no vistan como el resto sean sancionados, pero la norma entrará en vigor cuando la Consejería de Educación dé el visto bueno a las amonestaciones. Éstas, según una circular con fecha del pasado 8 de octubre, son las siguientes: el alumno que acuda al centro sin uniforme (o chándal en su caso) recibirá una amonestación leve. Cuatro faltas leves harán que el alumno no pueda ir "a la actividad extraescolar más próxima que tenga". "Si, a pesar de esta sanción, existe reiteración en la conducta contraria a la norma del uso del uniforme, produciéndose una acumulación de cuatro nuevas faltas leves, el alumno será privado del derecho de asistencia a su grupo-clase", explica el informe que se pasó a los padres.

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No obstante, el estudiante podrá acudir al centro, "donde se le habilitará un espacio en el que desarrollar las tareas y trabajos que sus profesores estimen oportunos". "Si el alumno reitera esta conducta y acumula cuatro faltas leves más, será llevado a la Comisión de Convivencia", concluye.

La dirección asegura que ha tomado esta medida dentro de un proyecto educativo que pretende gestionar la "diversidad" que existe en este instituto. "No queremos segregar ni ser elitistas. Éste es un barrio con muchas diferencias económicas y sociales, y eso crea que unos chavales vengan vestidos con ropa de marca y otros no. Eso provocaba robos y conflictos con los alumnos y no queremos que afecte a la educación", señala Granados. El director añade que el 25% de los estudiantes procede de 12 bloques de realojos y otro 27% de unas viviendas que sufrieron una estafa inmobiliaria y en la que vive gente de pocos recursos: "Hay un número importante de alumnos que proceden de familias en desventaja", dice.

"No es un reformatorio"

Granados señala que el proyecto educativo del centro, que incluye programas contra el absentismo, la indisciplina y la concesión de ayudas de comedor a los estudiantes sin recursos, está quedando "desvirtuado" por la polémica. "Respetamos la opinión de los que están en contra, pero es indignante que digan que el instituto es un reformatorio o un campo de concentración", se quejó.

Precisamente los padres de estos chavales más desfavorecidos son los que más han protestado. Marisa y Francisco tienen una hija de 13 años en el instituto y sólo un sueldo, el de él, que trabaja en la construcción. "Para nosotros 90 euros es mucho dinero", dicen. "Además, ellos decidieron meter a sus hijos en un centro público y no tienen por qué asumir ese gasto", añade Antonio Nogales, presidente de la asociación de vecinos de Nuevo Versalles. Hay más padres que han protestado, como Lidia Quintana, que también se niega a vestir a sus hijos como los demás alumnos. Desde el instituto insisten en que hay ayudas económicas para que las familias sin recursos puedan comprar el vestuario. Desde el Ayuntamiento, la concejal de Educación y segunda teniente de alcalde, Carmen Bonilla (PSOE), señaló que es "un exceso" aplicar sanciones por no llevar uniforme. "Estamos en contra de lo que está ocurriendo en el instituto. Hemos consultado con nuestros servicios jurídicos y aseguran que choca el principio constitucional que garantiza la libertad del individuo a expresar su propia imagen. Sólo pedimos que se aplique el sentido común", reclamó.

La polémica sobre la obligatoriedad de llevar uniforme en el instituto Barrio de Loranca empezó en febrero del año 2003, cuando la dirección del centro envió una encuesta a los padres de alumnos de 1º y 2º de ESO para saber si estarían de acuerdo en que todos los chavales del instituto vistieran igual. El resultado fue que el 61,2% de los padres de 1º de ESO se mostraron a favor de la implantación del uniforme escolar y del chándal y, en 2º de ESO, tan sólo dijo que sí el 48,4%. Con estos datos, el 21 de marzo de 2003 el claustro de profesores aprobó la medida y, tres días después, el consejo escolar la refrendaba. "Se acordó que no sería obligatorio, sino recomendable, llevar en el curso 2003-2004 el uniforme y el chándal para los de 1º, 2º y 3º de ESO, y sólo el chándal para los de 4º de ESO y 1º de bachillerato", explicó ayer el director del instituto. "La asociación de padres buscó una empresa de ropa que fuese lo más económica posible", añadió.

Durante el curso pasado, la experiencia del uniforme fue experimental. La dirección realizó una nueva encuesta en septiembre de 2003 para sondear si la medida había gustado y el resultado, con un 81% de participación, dictaminó, según los datos proporcionados por Granados, que una amplia mayoría de padres estaba de acuerdo con el uniforme (el 81%, de 1º de ESO, y el 70,4%, de 2º). Así, el 21 de abril de este año, el consejo escolar decidió que, para el curso actual, el uniforme y el chándal pasaban a ser obligatorios.

Una opción, no una obligación

Los centros públicos de enseñanza de la región tienen la opción de que sus alumnos lleven uniforme. Sólo un pequeño porcentaje de ellos se ha acogido a esta posibilidad: poco más 20 de más de 1.000 colegios de infantil y primaria e institutos de secundaria.

Es el consejo escolar de cada centro -formado por los profesores y los padres de los alumnos- el que aprueba, siempre por mayoría, la adopción del uniforme. Pero en ningún caso, según explican fuentes de la Consejería de Educación, se puede obligar a los alumnos a vestir la ropa elegida por el colegio si éstos se niegan. "Con el reglamento en la mano, el centro no puede imponer ninguna sanción al escolar que no lleve el uniforme", aseguraron ayer fuentes de Educación.

Se trata de un tema complicado, ya que entra en conflicto con la autonomía de los centros, representada en los consejos escolares. Las decisiones de éste, explica la consejería, "son, en principio, de obligado cumplimiento"; no obstante, vuelven a remitirse al reglamento citado anteriormente en el caso de los uniformes.

Además, Educación no tiene constancia de que en ninguno de los centros en los que se ha implantado el uso de uniforme se apliquen este tipo de sanciones. "Sabemos de casos concretos en los que algunos padres se han quejado por este tema, pero se han resuelto con medidas como subvencionar los gastos del uniforme a quien no pueda costeárselo". Las explicaciones y la persuasión son las vías, según la administración, para convencer a los padres de las bondades de esta medida. "Hay que recordar que esta decisión la toman los centros tras un largo proceso de debate interno y siempre como un elemento integrador que trata de eliminar diferencias entre los alumnos, bien entre clases sociales, bien entre culturas".

En cualquier caso, si los padres descontentos no logran ponerse de acuerdo con el consejo escolar, el siguiente mecanismo de reclamación es la Inspección Educativa. Ésta realizaría un informe y la consejería tomaría unas medidas que, de momento, no pueden especificar "por falta tanto de legislación como de jurisprudencia al respecto", explicaron fuentes de la consejería.

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