Ruptura en tres fases

El Partido Popular ha decidido quebrar la fluctuante línea de apoyo a Rodríguez Zapatero que con bastantes reparos había seguido hasta ahora en el proceso para el final pactado de ETA. Para ello, Mariano Rajoy eligió ayer una triple vía: anunciar en el pleno del Congreso "la ruptura de toda relación" con el Ejecutivo, presentar un emplazamiento parlamentario en términos políticos aparentemente racionales pero tramposos, y la movilización de sentimientos en la calle, abanderando una concentración convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo que mezcla el rechazo a la negociación con ETA con la siembra de sospechas insidiosas sobre la autoría de la matanza del 11-M.

De nada sirvió la exhortación de Rodríguez Zapatero a Rajoy de que reconsiderase su actitud porque "la paz y los ciudadanos [...] lo que no merecen es romper nada entre los demócratas". Y no sirvió, entre otras cosas, porque el Partido Popular había decidido de antemano su estrategia de enfrentamiento total, perceptible ya en filigrana en la resolución defendida ayer por Rajoy en el Congreso. En ella emplaza al Gobierno y los grupos parlamentarios a declarar su reconocimiento a las víctimas y a proclamar que no habrá contrapartidas políticas, no se harán concesiones políticas sobre autodeterminación y Navarra, no se paralizará la actividad de jueces y policías contra ETA y no se hablará con Batasuna mientras no desaparezca la banda terrorista.

La actitud del Gobierno respecto a esas eventuales contrapartidas la reiteró Zapatero la semana pasada en el debate del estado de la nación, y fue inequívoca. La inexistencia de cualquier tregua por parte del Estado de derecho ha quedado patente con la detención del presunto jefe del aparato de extorsión de la banda y con las iniciativas del juez Grande-Marlaska, que mantiene vivos los procedimientos abiertos.

Sin embargo, la propuesta es tramposa porque en el momento actual el Gobierno no se puede comprometer a no dialogar con ETA y Batasuna antes de la desaparición definitiva de la banda. Lo deseable sería que ETA anunciara su autodisolución, pero la realidad resulta más complicada. Lo esencial es que se han cumplido tres años sin muertos, y hoy hasta los más incondicionales del mundo etarra dan por establecido que la violencia es cosa del pasado y la estrategia terrorista no da más de sí. Ello permite augurar que no habrá vuelta atrás, aunque seguramente no faltarán amenazas y desplantes.

Para hacerles frente será entre conveniente e imprescindible la complicidad de Gobierno y oposición. Ello implica que el Gobierno está obligado a hacer ciertas cosas (y a evitar hacer otras) con la mirada puesta en favorecer ese entendimiento. Zapatero subrayó ayer la diferencia entre la actitud del PSOE en la anterior tregua de ETA y la del PP ahora: el marcaje a la política antiterrorista del Gobierno, incluyendo preguntas en las sesiones de control sobre cuestiones muy delicadas, o el recurso a descalificaciones tan burdas como la acusación de "traicionar a los muertos" de hace un año, o el ofensivo silogismo de Acebes anteayer, que identifica la estrategia actual del Gobierno con la de ETA.

Tiene razón el Gobierno en lanzar esos reproches, pero ello no debería servirle de disculpa para ignorar sus propias equivocaciones. Si era necesario adelantar el momento del diálogo con Batasuna -por razones que han ido conociéndose a posteriori- tendrían que habérselo comunicado así al líder de la oposición. Lo que da sentido al acuerdo de interlocución directa Zapatero-Rajoy (y no PSOE-PP) es una confidencialidad que a veces puede ser imprescindible.

Hay sectores en el PP, por desgracia muy influyentes, que, con independencia de la actitud del Gobierno, sólo buscan motivos para la ruptura, deseosos de que Zapatero se estrelle. Pero no parecía ser ésa la actitud de Rajoy en este asunto, como mínimo, hasta ahora. Duran i Lleida señaló con acierto que si el intento fracasa no será por culpa del Gobierno o de la oposición, sino de ETA, y llamó a no hacer el juego a los terroristas, siempre interesados en que los demócratas se peleen.

La disponibilidad para mejorar la comunicación con el PP esbozada el lunes por el ministro Rubalcaba y reiterada ayer por Zapatero contra viento y marea podría indicar la conciencia de haber cometido algún error, pero parece haber llegado tarde. Porque el episodio del anuncio de contactos con Batasuna ha sido interiorizado por el PP como un pretexto para la ruptura. Que ya lo tenían en la cabeza lo demuestra su apoyo incondicional, si no inspiración, a la concentración del sábado en Madrid y a sus consignas.

Al poner ayer a votación un paquete de proclamaciones que mezclan principios compartidos con compromisos que consideran inasumibles por el Gobierno, el PP pretende deslizar la idea de que los que voten en contra estarán reconociendo su disposición a pagar un precio a ETA en términos de autodeterminación, anexión de Navarra, dejar de perseguir delitos y no apoyar a las víctimas. Todo ello como carga de profundidad para la concentración del sábado, que pretende convertirse en un acto de deslegitimación del Gobierno en el momento en que más necesita la legitimidad para hacer frente a los chantajes y amenazas de ETA, que no faltarán. La inclusión entre los lemas de una referencia venenosa al 11-M indica, además, que el primer partido de la oposición cede a la presión de los más furiosos demagogos.