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Tribuna
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Una causa justa

La muralla de silencio y ocultación que impedía conocer la dimensión real de la represión franquista de 1936 a 1975 está siendo parcialmente derribada en este año en el que se cumplen 70 años del golpe militar faccioso y 75 de la proclamación de la II República. Numerosísimos han sido los libros, artículos, estudios, mesas redondas o cursos universitarios dedicados a desvelar la verdad. Desde las Cortes Españolas al Parlamento Europeo, pasando por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, han sido claras las condenas institucionales del franquismo y la reivindicación de sus víctimas. Pero sobre todo el impulso no ha llegado de las instancias oficiales, sino de las centenares de asociaciones de recuperación de la memoria histórica creadas por la generación de los nietos de los asesinados en centenares de ciudades y pueblos de toda España. Ellos han impedido que el olvido cómplice ganase definitivamente la partida a la memoria necesaria.

Decenas de miles de familias que no tuvieron en su día la oportunidad de enterrar a sus padres, hermanos, hijos y otros familiares y amigos, ni de llorarlos en libertad, van pudiendo ahora buscarlos en tumbas colectivas o anónimas, recordarlos y honrarlos. Porque no sólo mataban masivamente, sino que impedían que las viudas y madres pudieran llorar públicamente a los muertos. Cuando eso ocurría llegaban los falangistas y se llevaban a las mujeres, las pelaban al cero y les administraban una buena dosis de aceite de ricino. Cuántas viudas e hijos sufrieron en los cuarenta y cincuenta el insulto público, el hambre y la desnutrición, los problemas en el trabajo o en la escuela, para encontrar vivienda, para sobrevivir en suma, siendo familias de rojos.

El terror fue tan duradero y paralizante que aún hoy cuando los historiadores se acercan en los pueblos a los escasos supervivientes de aquella época, éstos susurran excusas para no hablar y miran de reojo a los lados por si alguien los está escuchando.

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Gracias a la labor titánica de decenas de historiadores que vienen investigando desde hace veinte o treinta años, provincia a provincia, pueblo a pueblo, hoy sabemos sin sombra de duda que existió una voluntad de exterminio sistemático por parte de los generales golpistas. Las conocidas directivas del general Emilio Mola, el "director", anteriores al 18 de julio, las charlas del general Queipo de Llano en Radio Sevilla, las declaraciones a medios de comunicación del propio general Francisco Franco o del teniente coronel Yagüe, por solo citar a algunos de los más crueles represores, son concluyentes: hubiera resistencia o no al golpe, hubiera quema de iglesias o no, hubiera represión previa contra derechistas o no, había que eliminar físicamente a todos los directivos de los partidos políticos del Frente Popular, a los dirigentes y cuadros de los sindicatos obreros CNT y UGT, a los alcaldes y concejales republicanos, a los miembros de la masonería, a los militantes de los nacionalismos periféricos, a los maestros que se hubieran identificado con las reformas educativas de la República, a los intelectuales y gente del mundo de la cultura...

En realidad llegaron más lejos y las matanzas alcanzaron a muchos más y se prolongaron una década tras el fin oficial de la guerra en 1939.

Algunos, incluso bienintencionadamente, se oponen a la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo temiendo que al remover el pasado se polarice de nuevo la sociedad española. Pero es que, como ocurrió en Alemania o Francia, el pasado nos alcanza y nos pasa factura si no sabemos saldarlo adecuadamente y, además, cuando una causa es justa, y es evidente que ésta lo es, es un imperativo moral defenderla.

Decenas de miles de familias no pudieron en su día realizar el duelo por sus muertos. ¿Es que no es hora, 70 años después, de que lo hagan?, ¿cuándo entonces? Hoy, España, gracias a la democracia, es una sociedad avanzada, desarrollada y progresista que nada tiene que ver con la de los años treinta a cincuenta, pobre, analfabeta y enfrentada. Esta sociedad apoya y respalda, según todas las encuestas, la reivindicación de las víctimas de la dictadura. Lo que es alarmante, por ejemplo, no es la retirada de las estatuas de Franco de la Castellana en Madrid o de la Academia de Zaragoza -¡ya era hora!-, sino las airadas protestas del principal partido de la oposición, el PP.

Defender al tirano treinta años después de su muerte es aún peor, por incomprensible, que haberlo hecho cuando vivía.

Otro curioso argumento esgrimido por los partidarios del olvido es que la dictadura franquista contó con el apoyo de la mayoría de los españoles. ¿Cómo lo saben? Si hubiera sido así, ¿por qué no convocó Franco elecciones libres en cuarenta años? Pero, sobre todo, ¿es que el supuesto apoyo popular justifica a las dictaduras? Hitler, Mussolini, Stalin y muchos otros dictadores contaron con más adhesiones de sus sometidos pueblos de las que nunca contó Franco y no tienen hoy estatuas o monumentos que los ensalcen en sus países.

Treinta años de mi vida discurrieron bajo la dictadura de Franco y, si bien es cierto que muy pocos se arriesgaron al activismo antifranquista y por la libertad, no lo es menos que los franquistas convencidos y no obligados eran una ínfima minoría.

El año conmemorativo tiene aún un trámite importante cual es el debate y votación parlamentaria de la ley de la Memoria enviada por el Gobierno. Personalmente, espero que sea mejorada sustancialmente y el Grupo Parlamentario Socialista sepa negociar con los grupos minoritarios con amplitud de miras, porque conceptos como el de "los dos bandos enfrentados", tal como aparece en el proyecto, son inaceptables desde el punto de vista democrático e histórico.

No se puede ni debe poner al mismo nivel a los facciosos golpistas con el Gobierno legítimo y democrático de la República, por muchos errores que cometiera, contra el que aquellos se alzaron provocando una larga y sangrienta guerra y una larguísima dictadura.

Luis Yáñez-Barnuevo es eurodiputado socialista.

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