La confusión es mala
Patxi López, secretario general de los socialistas vascos, anunció el martes su disposición a iniciar de forma oficial contactos con la ilegalizada Batasuna. Se trata de un llamativo cambio de posición, ya que hasta ahora los socialistas siempre habían condicionado ese paso a la legalización de dicha formación, lo que a su vez implicaría determinadas actitudes que no se han producido: condena de ETA o desvinculación expresa de la misma en unos estatutos incluidos en la petición de inscripción de un nuevo partido.
La dirección del PSOE, por boca de José Blanco, avaló la iniciativa de López, pero rebajando su alcance al de un contacto para decir a Batasuna que "si quiere participar en la vida política tiene que cumplir la ley" (de partidos). Sin embargo, portavoces de Batasuna, así como un sector del nacionalismo vasco (a través de Joseba Egibar) interpretaron las palabras de López como un reconocimiento formal de Batasuna como interlocutor desde ahora mismo, y como un paso necesario para poner en marcha la mesa de partidos: de negociación sobre el marco político. Si se trata de eso, es de entrada una desautorización del presidente del PNV, que ha venido sosteniendo -contra resistencias poderosas- la conveniencia de separar el proceso de paz de la negociación política "por razones de higiene democrática", en el sentido de evitar que la amenaza de las armas (de su vuelta) condicione los acuerdos políticos. Ayer, Zapatero reafirmó inicialmente ese criterio al declarar, en su respuesta al portavoz del PNV, que "primero la paz y luego la política", aunque poco después añadió que eso no impide "iniciar el diálogo político".
Con independencia de su alcance, parece evidente que el cambio de postura guarda relación con las advertencias lanzadas por portavoces de Batasuna sobre la "situación crítica del proceso": advertencias cuyo alcance -amenazador o sólo descriptivo- deberán aclarar hoy ante el juez los portavoces de Batasuna. Tales advertencias forman parte a su vez del pulso por intentar conseguir su legalización de hecho sin someterse a la ley de partidos y, sobre todo, una garantía de impunidad respecto a procesamientos de miembros de ese mundo ya en fase de juicio oral o a comportamientos recientes investigados por los tribunales.
Las advertencias de ahora son similares a las lanzadas por Batasuna cuando fue ilegalizada. Sin embargo, la gran respuesta popular que auguraron brilló por su ausencia. Y a estas alturas, Batasuna carece de estrategia alternativa a la actual, que pasa por la retirada de ETA. Los jueces no pueden dejar de tener en cuenta la situación creada por el alto el fuego a la hora de aplicar la ley (de partidos), pero no hasta el punto de darla por inexistente. Esa ley no sólo está vigente, sino que sin ella difícilmente habría habido alto el fuego. Y esa ilegalización fue una medida justa: no puede haber democracia si un partido forma parte de una estructura dirigida por una banda armada que asesina a los candidatos de los demás partidos. Olvidarlo sería malo para la buena marcha del proceso.
