Y Gil creó el modelo...

La llegada de Jesús Gil al poder en el Ayuntamiento de Marbella, en junio de 1991, no fue, como el tiempo ha demostrado, ni un acto inocente ni un caso de aventura política practicada por aficionados. Gil era promotor inmobiliario y reconocía tener negocios en Marbella. Reunió en las mismas manos la gestión pública y el interés privado. Así creó un modelo de urbanismo a la carta para satisfacer las necesidades de los empresarios del sector que degeneró en un escenario de corrupción institucionalizada. Gil llevó la gestión privatizada hasta sus últimas consecuencias, pero una parte de su ejemplo prendió en la Costa del Sol, se extendió por el Mediterráneo y terminó infectando a una buena parte del territorio nacional. Su modelo descansaba en tres pilares. Uno: el municipio es soberano respecto al suelo que gestiona; dos: todo hombre tiene un precio, y tres: el sistema judicial es lento e inoperante, antes se construye una urbanización que se instruye un sumario.

Había tres pilares: el municipio es soberano respecto al suelo que gestiona, todo tiene un precio y el sistema judicial es lento e inoperante

Hay documentos que prueban cómo Gil detallaba como pago de un convenio la adquisición de un Rolls Royce negro con asientos forrados de cuero blanco

Pero Gil era un hombre de excesos y su modelo terminó sobrepasando todos los límites imaginables. Gil había montado, además, un Ayuntamiento paralelo para mejor satisfacer sus intereses con 32 empresas públicas y dos organismos autónomos, algunos de los cuales no tenían otra finalidad que la de ocultar origen y destino de algunos fondos, según se desprende de reiterados informes del Tribunal de Cuentas. El Consistorio marbellí casi igualaba en plantilla al Ayuntamiento de Málaga, el segundo en importancia de Andalucía. Teniendo en cuenta que se contrataban funcionarios a dedo y eran gratificados con sueldos y pluses generosos, la estrategia tenía algún sentido más: según el último censo electoral, podría afirmarse que 1 de cada 40 electores de Marbella cobra un sueldo del Consistorio.

El balance final de 15 años de gestión municipal es elocuente: de las cerca de 60.000 viviendas edificadas, al menos la mitad son ilegales. Y puede decirse lo mismo de los más de 500 locales comerciales, algunos de ellos, grandes superficies gestionados por multinacionales. El porcentaje de suelo urbanizable en los 114 kilómetros cuadrados del municipio ha pasado del 35% al 65% y se ha consolidado a la velocidad del rayo porque el ritmo de edificación ha sido muy intenso. Todo ello ha sido posible ante la tardía reacción de la Junta de Andalucía y la pasiva mirada de la justicia, dado que hubo que esperar hasta el año 2003 para presenciar las primeras suspensiones cautelares de algunas obras. La justicia ha vivido en Marbella experiencias escabrosas con casos de jueces sancionados, jueces que han pedido el traslado por sentirse amenazados, robos de sumarios y funcionarios que pusieron fin a sus días lanzándose por una ventana.

Radiografía

La radiografía no sería completa si no se tuviera en cuenta que Marbella ha sido también el centro neurálgico donde operaba un despacho de abogados que supuestamente canalizó las inversiones de delincuentes de todo tipo y condición hacia el sector inmobiliario de la costa, como parece demostrar la Operación Ballena Blanca. Así que Marbella alcanza un récord difícilmente igualable: 27 ex ediles procesados, tres alcaldes que han visitado la cárcel, una justicia inoperante, dinero negro a espuertas y un pequeño núcleo de inversores con orden internacional de búsqueda y captura.

El balance muestra, de un lado, el enriquecimiento, en algún caso insultante, de ciertos personajes, cuyo mejor protagonista es Juan Antonio Roca, asesor de Urbanismo y propietario de un patrimonio abrumador. Del otro, un Ayuntamiento arruinado, unos servicios públicos deteriorados y una ciudad que ha perdido zonas verdes y suelos forestales para mejor vigencia del ladrillo. En 15 años de Gobierno del GIL no se ha construido ni un solo centro de salud en la ciudad y la dotación educativa pública sólo se ha incrementado en un colegio.

Gil, sin embargo, siempre tuvo una excusa: el pueblo le votaba. Efectivamente, su partido ha ido ganando las sucesivas elecciones municipales (hasta cuatro) por una holgada mayoría absoluta. No debe olvidarse que, en las de 1999, Gil logró reunir en torno a su partido político la cifra de 93 concejales y estuvo en disposición de gobernar en lugares como La Línea de la Concepción, Fuengirola, Manilva, Ceuta y Melilla, entre otros, donde colocó a familiares, empleados y promotores fieles en los puestos de Gobierno. Nadie ha discutido el argumento de que fue su expansión política el principio del fin de su carrera cuando el Gobierno central vislumbró el riesgo que entrañaba su entrada en territorios tan sensibles como Ceuta y Melilla.

Gil, para entonces, llevaba ocho años de mandato y había dado muestras suficientes de que era capaz de gobernar y de financiarse a espaldas de la legalidad. Lo más curioso es que Gil se había presentado a las elecciones de Marbella en 1991 como un adalid de la lucha contra la corrupción municipal. Según su abrupto ideario, los partidos políticos tradicionales habían dado muestras suficientes de haber hecho un mal uso, un uso interesado, de la gestión. Criticaba un escenario de municipios sin recursos, sucios, inseguros, mal dotados de equipamiento y gestionados por gente que terminaba llevándose el dinero para el partido. Marbella era uno de esos casos. Y él pedía paso a los empresarios como una solución alternativa.

Gil criticaba unas prácticas que dominaba. Precisamente por su condición de promotor inmobiliario, Gil conocía cómo funcionaba el cohecho en la España de finales de los ochenta. Él mismo había sido protagonista del caso Montaner, un asunto en el que llegó a reconocer el pago de 85 millones de pesetas por la recalificación de tres parcelas en Marbella. El caso dio lugar a un sumario y a la destitución de Jaime Montaner, por entonces consejero de la Junta de Andalucía. El sumario no llegó a ningún lugar porque el caso había prescrito: la justicia demostraba así su lentitud.

Las debilidades del sistema

Conocedor de las debilidades del sistema, Gil se dispuso a darle al asunto un toque de profesionalidad: el urbanismo sería el motor de su gestión. ¿Qué tipo de urbanismo? Podría afirmarse que se trataba de un urbanismo a la carta, un urbanismo rampante a partir del cual toda superficie era susceptible de ser recalificada si había un constructor dispuesto a edificar. Para Gil, el ladrillo era sinónimo de riqueza y motor de progreso para la ciudad.

La figura central de su gestión era el convenio de planeamiento, una práctica que se había puesto de manifiesto en algunos municipios y que él llevó al exceso. El convenio significaba un acuerdo privado entre Ayuntamiento y empresario por el cual, a cambio de dinero por adelantado, se satisfacían las inquietudes del promotor. El pago podía darse en efectivo o en especie. El convenio, por otra parte, no tenía por qué someterse a la ordenación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. De esa manera, una zona verde podía pasar a ser edificable o una zona forestal podía dar cobijo a una urbanización. Gil actuó sin límites. Tampoco hizo demasiado caso de la legislación en materia de concesión de licencias de obra. Liberalizó todas las normas a su manera.

Hay documentos que prueban cómo Gil detallaba como pago de un convenio la adquisición de un Rolls Royce negro con los asientos forrados de cuero blanco. El convenio no tenía por qué ser público ni por qué atenerse a las directrices del PGOU en vigor, pero daba a los municipios un instrumento alegal que permitía financiar sus necesidades. El problema era discernir cuáles eran esas necesidades y dónde se situaba el interés público y el interés privado. El círculo se cerraba en los plenos municipales, donde se le daba al procedimiento apariencia de legalidad.

Gil entendía que eso no era más que un ejercicio de soberanía. Quedaba un último escollo. ¿Y si el convenio no se ajustaba al Plan General? Tampoco parecía importar. Gil conocía por experiencia la inoperancia de la justicia en estos asuntos: para cuando ésta diera sus primeros pasos, los compradores estarían disfrutando de su vivienda. No se puede olvidar que de esta legalidad enmascarada participaron también otras instituciones, tales como registradores de la propiedad, notarios y, por supuesto, entidades bancarias que concedieron créditos para la edificación de urbanizaciones bajo sospecha.

Gil creó un modelo. Un modelo excesivo, pero que ponía de manifiesto las debilidades del sistema. Su práctica corrió como la pólvora por el Mediterráneo. En poco tiempo se generalizó por otros territorios. Quizá nadie llegó tan lejos como él y sus seguidores en Marbella, pero la realidad de poblaciones que han diseñado planes de expansión urbanística que multiplican hasta por 40 su futura población es ahora un hecho cotidiano en España.