Amnistía denuncia la desigual protección a las maltratadas

La Ley Integral contra la Violencia de Género, de cuya entrada en vigor completa se cumple hoy un año, "hace aguas por todas partes", según Amnistía Internacional (AI). Y ello porque persisten "24 obstáculos" para que las víctimas defiendan sus derechos, entre los que destacan la desigual protección a las maltratadas en las distintas comunidades y la escasa formación del personal sanitario.

Más derechos, los mismos obstáculos. Con ese título, Amnistía Internacional presentó ayer en rueda de prensa un informe de balance de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Se ha realizado con información facilitada por víctimas, profesionales y organizaciones en ocho comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana).

El presidente de la sección española de AI, Esteban Beltrán, reconoció elementos positivos, pero añadió que esa norma, que definió como "el buque insignia de la política de derechos humanos del Gobierno", se "hundirá" si no se toman medidas con rapidez. Añadió que existen "24 obstáculos muy importantes". El "fundamental" es que la norma "

no tiene un enfoque de derechos humanos, sino de servicios sociales graciables".

Beltrán aseguró que otro obstáculo es que "no se protege igual a las mujeres en todas las comunidades". Puso como ejemplo, entre otros, la carencia de centros de atención integral para las víctimas. La autora del trabajo, María Naredo, detalló a este periódico que su organización ha constatado que no existen estas dotaciones "en Andalucía, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana". "En el resto de las comunidades analizadas no nos consta que existan", añadió. AI también ha detectado que el turno de oficio de los abogados para violencia machista carece de servicio de guardia "en toda Andalucía, Madrid ciudad, Álava y todo Lugo".

Beltrán denunció "la política de discriminación de las inmigrantes irregulares". Añadió que carecen de las ayudas económicas previstas en la ley y que, cuando denuncian, "se investiga su situación y se puede iniciar el trámite de expulsión". Sin embargo, AI no tiene documentadas expulsiones por ese motivo.

Por otro lado, ayer se constituyó el Observatorio Estatal de Violencia, una de las piezas importantes de la ley que aún estaba pendiente. Entre sus misiones figura la de colaborar en el diseño del plan de sensibilización y prevención contra la violencia. "Estará listo a final de año", afirmó la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo.