Castilla y León ignoró tres informes de sus técnicos contra la tala del pinar de cigüeñas

Los técnicos de la Junta de Castilla y León informaron en al menos tres ocasiones contra la construcción de 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila). Pese a todo, el proyecto salió adelante, impulsado por la Junta y por el Ayuntamiento, ambos del PP. La semana pasada, el Tribunal Superior de Castilla y León vetó la obra, pero el constructor comenzó a talar. Y aunque la Junta y el Ayuntamiento insistían en la legalidad de la tala, ayer, tras requerirle el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, el alcalde paralizó la tala. Ya han caído unos 3.000 de los 35.000 pinos que la Junta autorizó talar. El área incluye una zona crítica para la cigüeña negra y de protección para el águila imperial.

Los intentos por recalificar el pinar de Las Navas del Marqués son antiguos. En mayo de 1999, el alcalde, Gerardo Pérez, del PP, preguntó a la Comisión de Urbanismo de Ávila (controlada por la Junta de Castilla y León y en el que hay representantes municipales) si podría recalificar 95 hectáreas de pinar. La zona es considerada Zona de Especial Protección para las Aves, porque sobrevuelan cigüeñas negras y águilas imperiales entre otras especies protegidas. En un radio de cinco kilómetros hay al menos cinco nidos de cigüeña negra, de la que sólo quedan 322 parejas reproductoras en España.

La ponencia técnica de urbanismo informó desfavorablemente a la petición del ayuntamiento de recalificar el monte porque "dado el elevado valor paisajístico y forestal del terreno", la urbanización violaría el artículo de la Ley del Suelo que recomienda proteger el suelo con alto valor ambiental. Pese al informe, la Junta aprobó la recalificación y dijo que cuando el Ayuntamiento presentase el plan parcial, una declaración de impacto ambiental evitaría el daño al entorno.

El 30 de abril de 2003, el ayuntamiento presenta el plan parcial, que aprueba el número de viviendas. La superficie asciende ya a 215 hectáreas que una empresa pública, constituida por el ayuntamiento, la Diputación y la Junta, ha comprado a Resinera española. El objeto oficial de la empresa es la protección del monte aunque se dedicó a impulsar la urbanización. El Jefe de Sección de urbanismo afirmó que el sector a urbanizar "tiene una orografía tan en pendiente que resulta prácticamente imposible poder utilizar dicho espacio para la construcción". La representante de la consejería de Cultura también se opuso, pero la Junta volvió a aprobar el plan parcial.

El 25 de julio de 2003, el técnico jurídico de Urbanismo propone suspender la aprobación de la urbanización porque "falta la valoración económica de las obras de urbanización" y porque falta declaración de impacto ambiental. Pese a todo, se aprobó la urbanización, la empresa pública subastó el terreno por 10 millones de euros (a pagar en siete años). La Consejería de Medio Ambiente aprobó la declaración de impacto ambiental en 2004 pese a que 11 de las 200 hectáreas son área crítica de la cigüeña negra. A menos de un kilómetro hay un nido de esta especie, en peligro de extinción, a tres kilómetros hay otra y a cinco otros tres. La zona a urbanizar es también refugio del águila imperial. El estudio presentado por el constructor (Francisco Gómez, conocido como el Paloma) aseguraba que necesitaría talar como mínimo 35.000 pinos. La Junta le obligó a replantar 200 hectáreas en otro sitio.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, sostuvo ayer que si su consejería dio el visto bueno a la urbanización "es porque no daña el medio ambiente" e insistió en que Castilla y León es la comunidad con más arboles de España (es la más grande).

La semana pasada el Tribunal de Castilla y León vetó la urbanización por violar espacios protegidos sin justificación, pero el consejero interpreta que esto no es un revés para su consejería. Preguntado sobre por qué el director del medio natural era consejero de la empresa que recalificó el lugar, Fernández Carriedo replicó: "Castilla y León es líder en gestión del medio ambiente y la que mayor inversión forestal tiene".

Pese a que la Junta y el Ayuntamiento aseguraron que la tala iniciada por la promotora es legal, ayer la paralizaron. El alcalde lo hizo después de que el fiscal especial de Medio Ambiente, Antonio Vercher, le escribiera para pedirle que cumpliera la sentencia y le advertía de que, de no hacerlo podría tener "responsabilidades penales". Las principales asociaciones ecologistas nacionales y de la zona habían denunciado la tala ante la fiscalía y hoy ampliarán la denuncia por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho contra los cargos que autorizaron el proyecto y que, a la vez, estaban en la empresa que promovió la recalificación.