Un juez prohíbe las obras en el refugio de cigüeñas de Las Navas del Marqués

El pinar de Las Navas del Marqués recibió ayer un indulto al menos provisional. El juez de instrucción número dos de Ávila prohibió de forma cautelar cualquier tala en el pinar de Las Navas del Marqués (Ávila). El juez tomó la medida hasta que decida si el constructor alicantino Francisco Gómez, El Paloma, cometió delito ecológico al talar 5.000 pinos de un bosque protegido pese a que una sentencia prohibió la urbanización de 1.600 chalés y campos de golf que pretendía levantar allí con apoyo de la Junta de Castilla y León, del PP. La paralización se produce después de que el fiscal apreciase "indicios racionales de un delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibió a finales de septiembre la Ciudad del Golf, un complejo urbanístico de 1.600 chalés, hotel y campos de golf que la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Navas (ambos del PP) impulsaron en el pinar pese a estar protegido.

Altos cargos de la Junta, del Ayuntamiento y de la Diputación de Ávila pactaron con el promotor que recalificarían el pinar años antes de iniciar los trámites ambientales; se comprometieron por escrito a indemnizarlo si los técnicos frenaban la urbanización, y duplicaron la superficie pactada inicialmente. Los técnicos se opusieron porque en la zona anida la cigüeña negra, una especie en extinción, pero la recalificación salió adelante.

El constructor alicantino El Paloma inició la tala de árboles nada más leer en EL PAÍS que el tribunal había suspendido la urbanización. En dos días taló unos 5.000 árboles, según los vecinos. Ni la Guardia Civil se lo impidió.

El promotor alegó que nadie había pedido la ejecución de la sentencia. Nadie la pidió porque el recurrente era otro constructor enfadado porque su terreno no era urbanizable y ya no le interesa frenar la obra. El constructor paró la tala a petición del alcalde, pero advirtió: "No descarto seguir con la tala de pinos cuando todo se calme".

Meses o años

La asociación ecologista Cantueso le denunció por delito ecológico y la denuncia ha sido admitida a trámite. Ayer, a petición de la fiscalía de Medio Ambiente, el juzgado ordenó la paralización cautelar de cualquier tala en el pinar. El auto seguirá vigente mientras el juez investiga si El Paloma cometió delito ecológico, en un trámite que puede durar meses o incluso años y que cuanto más tarde más probabilidades tiene de que la urbanización no prospere. El juez sostiene que si permite que siga la tala nunca se podría aplicar la sentencia que prohíbe la obra.

El proceso penal por delito ecológico se dirime al margen del recurso de casación que la Junta de Castilla y León han presentado ante el Supremo. Ese proceso durará previsiblemente años. Lo que significa que si el juez de Ávila decide que no hubo delito ecológico en la tala y que El Paloma no tenía por qué obedecer una sentencia que no era firme, entonces el promotor tendrá vía libre para acabar con el refugio hasta que decida el Supremo.

El fiscal solicitó al juez la paralización "cautelar de la actividad de despeje y desbroce del terreno, incluida la tala de arbolado, iniciada el pasado 3 de octubre por la empresa Romufor, S.L., contratista de la empresa Residencial Aguas Nuevas", propiedad de El Paloma.

El escrito del fiscal recuerda que las obras se encuentran paralizadas desde el pasado 9 de octubre por el Ayuntamiento, "previa solicitud de la Fiscalía de Medio Ambiente", aunque añade que si el juez no lo impedía: "Esa situación puede cambiar en cualquier momento, ya que la corporación municipal ha anunciado que sólo durará el tiempo que se tarde en estudiar la viabilidad del recurso de casación", que ya ha presentado. El fiscal argumenta en su escrito que las obras reproducirían "un deterioro irreparable del medio ambiente".

Conocía la sentencia

El fiscal señala que el promotor no puede alegar que no conocía la sentencia cuando decidió talar los 5.000 pinos porque el contenido de la sentencia "debió ser conocido por la promotora" porque supo del procedimiento judicial. El juez envió su auto al ayuntamiento y a la Guardia Civil para que eviten que el promotor retome la tala. Contra esta resolución cabe recurso.

Además, la asociación ecologista Centaurea piensan ampliar la denuncia e incluir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias ya que los consejeros de la empresa pública que promovió la recalificación fueron los mismos que autorizaron el cambio de uso del suelo. Acusan además a la Junta de Castilla y León de omitir un informe vinculante sobre el impacto de la urbanización en el área crítica de la cigüeña negra que por ley tenía que haber emitido el director de Medio Natural, Mariano Torre. Éste era a la vez consejero de la empresa pública creada oficialmente para proteger el monte aunque recalificó 215 hectáreas para la urbanización. A un kilómetro de donde estaba proyectado el complejo hay un nido de cigüeña negra, un ave en peligro de extinción.