La presión vecinal logra cerrar en Murcia uno de los mayores burdeles de España
Un informe policial acusa al prostíbulo de explotación sexual de al menos 20 menores
El Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) ha conseguido cerrar el Hotel Topacio, uno de los mayores prostíbulos de España, tras recibir un durísimo informe policial que relata numerosos delitos, entre ellos la explotación sexual de 20 menores. El Consistorio ha recurrido a una irregularidad administrativa para resolver una situación considerada insostenible por los vecinos. "Es el fin de una pesadilla", afirmó el alcalde, Eduardo Contreras. Anoche, tras una inspección policial, el abogado de los propietarios entregó un escrito en el que se comprometía a cerrar hoy el local.
El Topacio, un prostíbulo que en fin de semana ha llegado a albergar a casi un millar de clientes, consiguió la licencia de apertura en 1997 como "hotel de dos estrellas con cafetería". Su notoria actividad como casa de citas es lo que ha alegado el Ayuntamiento para su clausura, ya que, según el alcalde, Eduardo Contreras, "incumple los fines para los que obtuvo la licencia".
Este prostíbulo ocupaba una enorme nave situada en el polígono industrial La Polvorista, cerca de la autovía entre Molina y Murcia. Una de sus paredes laterales exhibía en grandes letras azules el rótulo "Hotel". Pero ciertos detalles de la entrada principal no encajaban con la acepción tradicional: bajo unas placas de uralita pintadas de rojo carmesí que pretendían pasar por cortinas de terciopelo, la imagen pícara de mujeres desnudas cubiertas de purpurina invitaban a entrar al garito, siempre custodiado por dos gigantes tatuados que sólo permiten el paso a los varones.
Tampoco era un prostíbulo como los 2.000 registrados en España, nutridos de mujeres inmigrantes. El Topacio ha generado un sumario judicial que ocupa 15 tomos, en los que la policía cita numerosos delitos, entre ellos tráfico de seres humanos; falsedad de documentos;lesiones; detención ilegal, falsificación de moneda, venta de drogas y corrupción de menores. Este sumario se inició a los pocos meses de su inauguración, cuando una chica denunció en un juzgado de Alcalá de Henares (Madrid) que ejercía la prostitución en el Topacio bajo coacción.
A raíz de ese testimonio, la policía ha efectuado una docena de redadas en el prostíbulo, y lo ha sometido a vigilancia. A lo largo de estos años, han encontrado a unas 20 menores explotadas sexualmente en el burdel, según se detalla en un informa elaborado por la policía bajo el título informe Topacio. En este informe y en otro remitido a la Fiscalía, la policía da cuenta con detalle de las historias de las menores: la más joven de las citadas, con 15 años, es Ana María, y la más desdichada, Tatiana Ionela. Costea, cuya historia es una de las más sórdidas atribuidas al Topacio.
"Me desmayé. Estaba enferma. Caí sobre la barra del bar", narró Tatiana a la policía. Tenía 17 años cuando fue presuntamente secuestrada en Rumanía y trasladada a España, junto con otras seis menores, para trabajar en dos bares de alterne de Alicante y Murcia. Su deterioro físico era tan alarmante que el ginecólogo del burdel consintió en trasladarla al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, en diciembre de 2004. Salvaron su vida, pero no los dedos de sus pies, que tuvieron que ser amputados por gangrena. Si llegó enferma desde su país o contrajo la dolencia en los burdeles en los que trabajó no pueden asegurarlo los médicos que le atendieron en la sanidad pública. Lo que sí pueden atestiguar es que la menor lloró sin parar durante el tiempo que estuvo hospitalizada y que regresó a su país en silla de ruedas. Tatiana Ionela Costea estuvo hasta el año pasado en el centro de acogida de menores de Monteagudo, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales de Murcia, hasta que Exteriores localizó a sus padres, que vivieron a buscarla para no volver a pisar jamás España.
El Informe Topacio ha sido el detonante de la actuación del Ayuntamiento. Fue solicitado a la policía por los concejales David Hernández (Izquierda Unida) y Luis Gestoso (PP), que fueron los impulsores del cierre administrativo. El alcalde, Eduardo Contreras, les apoyó desde el primer momento. "Cuando leímos el informe de la policía se nos pusieron a todos los pelos de punta", explica.
Más se les pondrían un par de semanas después, cuando descubrieron que estaban siendo vigilados por detectives contratados, según confesión propia, por uno de los abogados de los dueños del Topacio. La policía encontró numerosa documentación personal sobre los tres ediles y, muy especialmente, información sobre sus esposas e hijos.
Los propietarios del burdel son una consorcio hotelero e inmobiliario denominado Grupo Séptimo Alacant, que declaró en 2003 al registro ingresos superiores a los cuatro millones de euros. Poseen otros 18 clubes en el Levante y mantienen, a través del abogado José Luis Martínez Moya, que el Topacio es un hotel escrupulosamente legal y que el informe policial constituye "un cúmulo de mentiras", que "no relaciona al Topacio con el menor delito" y "mucho menos demuestra que los dueños conocían su supuesta actividad delictiva".
Los cinco jueces que han intervenido en el proceso -rotaciones, sustituciones y bajas han movilizado frecuentemente a los titulares de este juzgado de instrucción- no han podido probarlo. Algo que ya no desvela al alcalde, quien anoche afirmaba: "Hemos terminado con la pesadilla".
