España tiene más de 40.000 teléfonos fijos y móviles controlados por orden judicial

Alrededor de 37.000 teléfonos móviles y 3.500 líneas fijas están controlados por orden judicial en España. Las compañías telefónicas y de Internet señalan que técnicamente es posible cumplir la nueva regulación que prepara la Unión Europea para obligarles a llevar un registro de datos obligatorio durante al menos un año, aunque se dispararán los gastos. Según las operadoras, éstos podrían superar los 20 millones de euros. Incluso podrían aumentar si se toman otras iniciativas como la de obligar a los clientes de prepago a identificarse, lo que supondría sacar del anonimato a 16 millones de usuarios.

Más de 40.000 teléfonos fijos y móviles están interceptados por orden judicial en España, según los datos de las operadoras correspondientes a 2004. Aunque se supone que todos los costes del seguimiento de estos números corren a cargo del Estado, en realidad, la Administración sólo se hace cargo del importe de las llamadas desviadas, mientras que el resto (personal, informática, etcétera) corre a cargo de las compañías.

Tal vez por eso, y aunque todas las operadoras consultadas (telefonía fija, móvil e Internet) coinciden en que cumplirán la ley estrictamente, las compañías temen que la nueva legislación que prepara la Unión Europea sobre el control de datos electrónicos de las comunicaciones de todos los abonados dispare los costes.

Actualmente, las compañías registran los datos de conexión y tráfico (número de origen y destino de la llamada, duración, hora y lugar) por motivos comerciales y de facturación por un tiempo medio de tres meses, aunque la ley les autoriza a tener esos datos durante un periodo máximo de 12 meses. Sólo en casos selectivos o bajo orden judicial se guardan durante un plazo superior.

Si se materializa la directiva de la Unión Europea para obligar a las compañías a retener obligatoriamente los datos de todas las comunicaciones, las compañías deberán afrontar un gasto superior a 20 millones de euros, según su propia estimación.

La parte más gruesa de ese gasto corresponde a las operadoras de telefonía móvil que deben controlar 39 millones de números en movimiento. En este punto, las operadoras -Telefónica Móviles, Vodafone y Amena- no se ponen de acuerdo en el coste que supondría el registro de la localización de todas las llamadas durante un año.

La localización de un móvil se lleva a cabo mediante el control de la señales de una celda, espacio de cobertura asociado a cada antena, con un margen que puede ir desde los 200 metros (en zonas urbanas) a kilómetros (en zonas rurales). Un rango útil pero mucho más impreciso del sistema GPS que utilizan los navegadores.

Ahora el servicio de localización ya funciona comercialmente, aunque debe ser contratado expresamente por el usuario. También está permitido en las llamadas al teléfono de emergencias. En el resto de los casos, debe existir una orden judicial.

Las compañías de móviles también tendrían que afrontar un gasto considerable si, como piden algunos países, se decide a obligar a todos los clientes de prepago (que sólo tienen tarjeta pero no contrato) a identificarse. La medida, que ya ha sido aprobada en países como Suiza, forzaría a una gran campaña de publicidad, precisaría crear nuevas bases informáticas y movilizara numeroso personal porque cerca del 60% del total de abonados son de prepago, aunque no todos son anónimos. Las compañías priman a aquellos clientes de prepago que se identifican con regalo de minutos de tráfico, por lo que aproximadamente se tiene identificado el 30% de los mismos. En resumen, si la UE fuerza a la eliminación del anonimato para todos los usuarios del móvil, habría que identificar a los titulares de 16 millones de tarjetas.