El teniente alega que perdió una porra y la otra no funcionaba bien
El teniente José Manuel R. entregó a sus superiores la porra eléctrica utilizada para golpear a José Martínez Galdeano, pero no el "bastón extensible" o porra rígida, ya que adujo haberlo perdido durante el altercado con el agricultor que se produjo en el propio patio del cuartel de Roquetas de Mar (Almería).
Según sus declaraciones, la porra eléctrica había sido incautada en una operación policial, mientras que la extensible la compró para participar en un curso de la Policía Municipal de la localidad. A diferencia de otros responsables policiales, que minimizan el carácter no reglamentario de ambas porras, el instructor del expediente afirma de manera tajante que "están prohibidas".
La porra eléctrica produce descargas de gran potencia, por lo que puede tener graves efectos para enfermos de corazón, mientras que la extensible (del modelo ASP) es rígida, por lo que puede producir lesiones de importancia. Las únicas defensas admitidas son las porras de goma flexible y los spray vesicantes.
Uno de los guardias ha reconocido que aplicó spray al detenido cuando se encontraba inmovilizado en el suelo, aunque dice no recordar si lo dirigió hacia su cara. Una de las pruebas toxicologicas pendientes se refiere al efecto de este spray sobre el organismo y si pudo incidir en la asfixia del detenido.
La eléctrica, "sin potencia"
Cuando tuvo que reconocer el empleo de ambas armas, el teniente intentó minimizar su importancia. La porra eléctrica, según dijo, la empleó "de forma intimidatoria", sin tocar la mayor parte de las veces el cuerpo de Juan Martínez Galdeano.
Además, argumentó, la porra "era de escasa potencia, se encontraba en deficiente estado y la carga estaba muy baja, por lo cual apreció que el efecto que produjo en el detenido fue insignificante, ya que la mayoría de las ocasiones en que intentaba utilizarla no funcionaba".
El teniente declaró haber cogido "los objetos que encontró más a mano" cuando bajó precipitadamente al patio, al apreciar "riesgo de fuga" del detenido y "riesgo para la integridad física" de sus subordinados.
La información reservada sirvió al director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, para ordenar, el 26 de julio, la suspensión del teniente por tres meses y la apertura de un expediente disciplinario por "conductas graves contra la disciplina, el servicio o la dignidad de la institución que no constituyan delito".
El 1 de agosto, la juez de Roquetas Estefanía López citó como imputados al teniente José Manuel R. y a los otros ocho guardias civiles que intervinieron en los hechos. El 4 de agosto, tras conocerse el informe preliminar de la autopsia, el expediente y la suspensión de funciones se amplió a todos los agentes como presuntos responsables de una falta de trato inhumano a un detenido.
