La cruzada de Endesa
Una operación tan compleja como la OPA de Gas Natural sobre Endesa requiere, para llegar a un desenlace razonable, que los directivos de las compañías implicadas acepten sin reservas las normas del mercado, que los reguladores apliquen con rapidez las de competencia y transparencia bursátil, y que unos y otros eviten la extravagancia y las guerras personales.
Las reacciones públicas de los protagonistas se están precipitando, sin embargo, hacia el despropósito. Tras el pintoresco símil del semen y el embarazo empresarial empleado por el presidente de Gas Natural, el presidente de la CNMV, Manuel Conthe, ha enviado al de Endesa una carta en la que le recuerda la obligación de no articular posiciones accionariales defensivas contra la OPA; más tarde, el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, y Conthe se han enredado en una disparatada pugna verbal: el primero anunció la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional para exigir una actuación imparcial de la CNMV; el segundo respondió afirmando que "cualquier jurista se ríe de ese recurso" y dejándose arrastrar a una polémica chocarrera impropia de un regulador financiero.
La trifulca, alentada por quienes tildaron de política una operación que se explica perfectamente por razones económicas, revela inquietantes sombras de desconocimiento y visceralidad en sectores empresariales cobijados hasta el año pasado bajo la protección del Gobierno del PP. En una compañía con un accionariado tan diversificado como Endesa, Pizarro debería ser más prudente a la hora de invocar el interés de los inversores. Por definición, una OPA es una oferta que una empresa hace a los accionistas de otra; el papel del Consejo de Administración de la empresa opada es convocar un Consejo que decida si la oferta es aceptable o no, informar a los accionistas y permitir que éstos decidan. Invocar la adhesión del paisanaje aragonés en contra del comprador y escudarse detrás de la Constitución para explotar el grosero malentendido entre la libertad de expresión, que nadie le ha negado, y su obligación de mantenerse neutral ante sus accionistas son astracanadas de mal gusto.
El presidente de la CNMV, por su parte, no ha estado muy oportuno. El regulador financiero tiene la obligación de velar por el cumplimiento escrupuloso de las leyes que protegen a los accionistas, perseguir cualquier acción punible e investigar eventuales maniobras ilegales contra cualquier transacción en el mercado. Sus cartas a Endesa, Iberdrola y Gas Natural se han convertido en munición para los directivos de Endesa que se niegan a ser neutrales ante la OPA y para los abanderados de la tesis política de la oferta.
Es una lástima que torpezas y salidas de tono dificulten el análisis reposado de las ventajas e inconvenientes de la operación. Entre las primeras cabe destacar la oportunidad que se abre para romper la estructura actual del mercado eléctrico, dominado por empresas en régimen casi de monocultivo (Endesa, con carbón y nucleares; Iberdrola, con agua) y organizarlo con grupos empresariales que compitan vendiendo gas y electricidad de generación mixta. Entre los problemas destaca el carácter dudoso del pacto previo para la venta de activos de Endesa y Gas Natural a Iberdrola, pensada paradójicamente para disminuir la concentración de mercado resultante de la OPA, o el riesgo de monopolios regionales. Las autoridades de la competencia deberán velar contra esos y otros riesgos para el consumidor, pero deberían poder hacerlo con serenidad y objetividad. Justamente lo que no sobra en estos momentos ni en Endesa ni en la CNMV.
