Llamada de atención por la devolución de 73 subsaharianos
El informe del Consejo de Europa aborda extensamente los recientes sucesos de Ceuta y Melilla, y pese a que Álvaro Gil-Robles señala que no es de su competencia formular recomendaciones al Reino de Marruecos, no deja de calificar de "inadmisible" y "gravemente atentatorio a los derechos humanos" la resolución de la crisis mediante el traslado de cientos de inmigrantes en autobuses y camiones a puntos lejanos de su territorio, en pleno desierto, abandonados a su suerte sin agua ni alimentos para forzarles a cruzar la frontera con Argelia o Mauritania.
Pero también le resulta "difícilmente comprensible" que el Gobierno español devolviese a Marruecos el pasado 6 de octubre "de forma expeditiva" a un grupo de 73 subsaharianos, después de saltar la valla de Melilla, entre los que se encontraban al parecer varios demandantes de asilo. "Creo necesario llamar la atención de las autoridades españolas sobre la importancia de respetar escrupulosamente el Protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Líneas Directrices sobre retornos forzosos del Comité de Ministros del Consejo de Europa, las cuales prohíben las órdenes de expulsión colectivas y obligan a un examen individualizado de cada caso".
El apartado sobre inmigración recuerda que en España hay más de dos millones de residentes extranjeros, a los habría que sumar entre 800.000 y un millón en situación irregular. Entre los aspectos positivos destaca, entre otros, la asistencia jurídica y de intérprete gratuito en el proceso de expulsión; la renuncia a expulsar a los que colaboren en la identificación de redes de tráfico de seres humanos y las garantías en la repatriación de menores extranjeros no acompañados.
Problema humanitario
El comisario plantea el grave problema humanitario y social de los extranjeros que, transcurrido el plazo de 40 días de internamiento en el CIE, salen en libertad, lo que produce "importantes bolsas de inmigrantes en situación irregular y carentes de documentación". En 2004 fueron 8.716 las personas liberadas tras pasar por los CIE (Centros de Internamiento de Inmigrantes) y en marzo de 2005 ya se aproximaban a las 3.000. Su paradero y actividades una vez libres "se desconocen oficialmente".
Por eso, reclama alguna fórmula que permita documentar a estos extranjeros, aunque sea de forma provisional, con una tarjeta sanitaria de carácter general, "como de hecho se hace en Andalucía", y no condicionada a la inscripción en el padrón municipal como ocurre en las restantes comunidades. Sobre el empadronamiento, pide que se evite que la Policía utilice el padrón para sancionar al inmigrante irregular.
En el apartado de menores, el comisario europeo señala que deben ser documentados "sin excepción alguna" después de los nueve meses de su puesta a disposición de los servicios de protección. Además, exige el cierre "con carácter inmediato" del centro de Llanos Pelados en Fuerteventura, un conjunto de barracones prefabricados en pésimas condiciones de salubridad.
