Sarkozy defiende la expulsión de 120 extranjeros implicados en la violencia
Tres de cada cuatro franceses aprueban la imposición del toque de queda contra los disturbios
Nicolas Sarkozy, el ministro del Interior francés, en un más que probable arrebato, reclamó ayer la expulsión de 120 extranjeros -"no todos en situación irregular"- condenados por participar en los actos de violencia que sufre el país. Fuentes del Ministerio del Interior matizaban que los extranjeros a los que se refería Sarkozy forman parte de los 1.800 detenidos desde que comenzaron los disturbios y aún no han sido juzgados, lo que hace imposible su expulsión. Una encuesta publicada ayer por Le Parisien indicaba que un 73% de los franceses aprueba la imposición del toque de queda.
En respuesta a una pregunta en una sesión de control en el Senado, el titular de Interior aseguró que había pedido a los prefectos que expulsen a todos los extranjeros condenados en relación con los disturbios desencadenados el 27 de octubre pasado. Un total de "120 extranjeros, no todos en situación irregular, han sido condenados", dijo. "He pedido a los prefectos que todos ellos sean expulsados inmediatamente de nuestro territorio nacional, incluidos aquéllos que tienen permiso de residencia", añadió. "Cuando alguien tiene el honor de disponer de un permiso de residencia no debe ser detenido mientras provoca violencias urbanas", zanjó.
Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia se anunció que hasta el momento, de los 1.800 detenidos mayores de edad, tan sólo han sido juzgados y condenados 130, sin mencionar cuantos de ellos son extranjeros. Tampoco hay cifras sobre cuántos de los menores detenidos son extranjeros, aunque sí se sabe que 84 de ellos han pasado ya por los tribunales de menores. Su expulsión, si se diera el caso, plantearía problemas legales. La ley protege a los menores y también a los padres extranjeros de franceses menores de edad.
A petición del Gobierno, la Administración de Justicia francesa ha puesto en marcha un sistema de juicios rápidos para hacer frente a este gran número de detenciones y con la intención que las condenas sirvan de escarmiento para los jóvenes incendiarios. Los fiscales han recibido instrucciones de pedir las penas más graves para los delincuentes de modo que tengan que cumplir al menos algunos meses de prisión y, según explicaban fuentes judiciales, el trabajo de los laboratorios legales es demostrar que los detenidos por incendio tienen restos de hidrocarburos en las manos. Muchos de estos juicios han derivado en enfrentamientos y protestas contra los jueces por parte de los amigos o familiares de los condenados.
Sarkozy parecía haber retomado ayer la iniciativa política tras haber sufrido un fuerte revolcón durante los primeros días de la crisis, desencadenada en buena parte, por sus declaraciones calificando de "escoria" a los manifestantes que protestaban por la muerte de los dos adolescentes de Clichy-sous-Bois que escapaban de un control policial. Su gran rival político, el primer ministro, Dominique de Villepin, sacaba partido de la soledad política que impuso al titular de Interior, aun a riesgo de dejar que el conflicto creciera, como así fue.
Desde el pasado fin de semana, sin embargo, la estrella de Sarkozy parece volver a brillar. Así lo explicaba él mismo a un grupo de policías, en una de sus muchas visitas relámpago a las comisarías de Francia. "Los periodistas se equivocan si creen que la prolongación de los disturbios me perjudica. Es justamente lo contrario. Los franceses están exasperados. Estas violencias que no se acaban son la justificación de la ruptura que yo reclamo".
El voto del miedo
El presidente del partido gubernamental, la Unión por un Movimiento Popular (UMP) quiere pescar votos en el miedo y también en el cesto de la extrema derecha. El proyecto de ley antiterrorista que Sarkozy presentó hace dos semanas al Parlamento ya incluye la posibilidad de retirar la ciudadanía a los condenados por este tipo de delitos.
El anuncio de la expulsión de los 120 extranjeros implicados en la violencia coincide con una declaración del presidente del ultraderechista Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, que va un paso más allá que Sarkozy y pide directamente que se les retire la ciudadanía francesa a los jóvenes, hijos de la inmigración, que hayan tomado parte en los disturbios.
En una entrevista a la televisión británica BBC, Le Pen calificó a estos jóvenes de "franceses de papel" y aseguró que "la ley francesa autoriza a retirar la nacionalidad a los que no son dignos de ella". El líder ultraderechista justificó esta expulsión con el argumento de que "había un millón y medio de franceses nacidos en Argelia y esto no impidió a los argelinos tiralos al mar", refiriéndose a la guerra e independencia de Argelia.
