Del intento de pacto social a la protesta tras las pancartas

Las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia se han enrarecido en unos meses. Primero con la regulación de los matrimonios gays y ahora con la reforma educativa, los obispos han decidido sumarse a la pancarta y salir a la calle a protestar contra el Gobierno.

El diálogo entre ambas instituciones atraviesa rigores de invierno. En marzo de este año la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se reunieron con el entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Fernando Sebastián, y con el secretario general, entonces y hoy, Juan Antonio Martínez Camino. Prometieron mantener "una relación basada en el mutuo respeto y su disposición al buen entendimiento y acuerdo".

Las reclamaciones de la Iglesia en materia educativa quedaron recogidas en la Ley de Calidad, que aprobó el último Gobierno de José María Aznar y que no entró en vigor. Aquella ley fue muy contestada por los socialistas cuando estaban en la oposición, por lo que parecía imposible llegar a un acuerdo con la Iglesia sin que ambas partes bajaran algunos escalones.

Posturas más radicales

Meses antes, los titulares de los colegios religiosos, así como la Confederación Católica de Padres de Alumnos (que convoca la manifestación de hoy), mantenían reuniones con sindicatos y organizaciones educativas para alcanzar un pacto social que diera pie a los políticos a ponerse de acuerdo sobre una futura ley. Las posturas "más radicales" -fueron los padres católicos y laicos los que no lograron entenderse- dieron al traste con aquel pacto, a pesar de que ya se habían logrado algunos acuerdos sobre asuntos que hoy se debaten de nuevo, como la reserva de plazas en los colegios para los alumnos inmigrantes que se incorporan con el curso ya iniciado.

La religión se dejó a un lado para avanzar en lo demás. Pero aquel barco zozobró en más de una ocasión, y se fue a pique. La batalla habría de librarse enteramente en el campo político. Y así ha ocurrido. Presentado el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) a finales de marzo, los contactos han continuado, pero ha sido imposible limar las asperezas que molestaban a los religiosos.

Podían haberse conseguido algunos acuerdos, dicen fuentes cercanas a esas negociaciones. Pero las "presiones políticas", por un lado, y la línea dura de la Iglesia, con el cardenal Antonio María Rouco Varela al frente, han dejado una sola vía: la manifestación en la calle, a la que se sumó a última hora la Federación de Religiosos de la Enseñanza, titulares mayoritarios de los centros concertados. Pero no la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, mayoritaria en esos centros, que ha optado por el "diálogo", dijo ayer mismo su presidente, Francisco Vírseda, poco después de firmar un acuerdo con el Gobierno que mejora las condiciones laborales y salariales de los maestros de la escuela concertada.