25.000 casas legalizables y otras 5.000 fuera de ordenación
Marbella quiere legalizar su situación urbanística, cuestionada en los últimos años por numerosas sentencias judiciales y resoluciones de la Junta de Andalucía. El Plan General que prepara establece mecanismos para legalizar unas 25.000 viviendas, entre el 80% y el 85% de las construidas con licencias impugnadas en los tribunales. Otras 5.000 viviendas quedan fuera de ordenación urbanísticas; en principio no son legalizables, a expensas de las decisiones judiciales.
El documento del nuevo Plan General mantiene que la gestión urbanística desde 1994, con el fallecido Jesús Gil y Gil de alcalde, se hizo "con desprecio al plan vigente y sobre la base de un planeamiento inexistente". La ciudad tiene 80.000 viviendas, de las que unas 30.000 han sido construidas amparadas en un millar de licencias ilegales.
En general, según los redactores del Plan, pueden ser legalizadas construcciones que tienen exceso de edificabilidad, o que fueron autorizadas sin la aprobación previa de las figuras de planeamiento exigidas.
Para ello, se estudiaría cada caso de forma individualizada con una metodología "transparente", y se definirían las compensaciones que fueran precisas con aportaciones de suelo municipal, pero también con la contribución económica de promotores que han obtenido beneficios de las irregularidades para financiar las nuevas infraestructuras que se precisen.
Decisión de los tribunales
El documento deja claro que nunca podrán ser asumidos "aquellos desarrollos contradictorios" con el modelo que define el nuevo Plan General. Así, deja fuera de ordenación unas 5.000 viviendas que han sido construidas en suelo no urbanizable o protegido, o que han invadido un espacio que estaba reservado para sistemas generales de importancia estratégica.
La consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez, recordó en torno a la supuesta regularización de viviendas: "Todas aquellas en las que puede haber un delito contra la ordenación del territorio" y que quedarán a expensas de la decisión que adopten los tribunales de justicia.
El último proyecto de Plan General que elaboró el equipo de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) en 2003 y que fue rechazado por la Junta preveía construcciones equivalentes a una ciudad de 600.000 habitantes. El que ahora se propone deja ese límite en 300.000.
Entre las nuevas infraestructuras, el plan prevé un puerto deportivo en San Pedro y la regeneración de las playas entre este núcleo y Puerto Banús. La consejera de Obras Públicas certificó el aval de la Junta al documento, que ella misma presentó a la prensa en Málaga.
