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LA REFORMA EDUCATIVA

La patronal de la concertada religiosa admite su "aproximación" al grupo socialista

Las Administraciones "concertarán" en la educación infantil de tres a seis años, y los centros privados concertados no tendrán que reservar plazas durante todo el curso para los alumnos inmigrantes que lleguen tarde, aunque, si éstos piden plaza, estarán obligados a escolarizarlos aumentando hasta el 10% el número de alumnos por aula. Éstas son las dos principales concesiones que ha hecho el Gobierno a los centros concertados para alcanzar lo que la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA) no considera un acuerdo, sino una "aproximación" sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE). La concertada hace así una "apuesta por el diálogo y no por la confrontación" y continuará las negociaciones con el Ejecutivo, incluso durante el desarrollo de la ley.

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Estas modificaciones en el texto del proyecto de la LOE se realizan a través de una decena de enmiendas, presentadas por diversos grupos políticos. "Estos cambios evitan los temores de la privada, pero mantienen que la concertada comparta obligaciones, algo que este sector siempre ha admitido", señalaron ayer fuentes parlamentarias. Con este acercamiento, los socialistas han logrado que no se enfrenten a su reforma educativa las asociaciones educativas mayoritarias del sistema educativo, tanto de la red pública como concertada.

Después de que el jueves pasado las organizaciones convocantes de la manifestación del día 12 contra la LOE echaran de la reunión con los socialistas al sindicato mayoritario de la concertada FSIE (representa al 31,6%) por no haber apoyado aquella protesta y de que la patronal mayoritaria FERE-CECA-Educación y Gestión se saliera en solidaridad con ellos, el acercamiento de posiciones entre estos dos grupos sociales y el Gobierno ha ido en aumento. El domingo por la noche aceptaron no un acuerdo pero sí un "aproximación", según manifestaron ayer FERE y FSIE en una nota.

También se han modificado cuestiones como la referencia que hace la ley al ideario del centro concertado (decía que el alumno debía aceptar el ideario pero no podía ser rechazado si no lo hacía y se ha modificado por que los alumnos lo "respetarán"); el aumento de la financiación de los gastos de funcionamiento de los centros (en un 3,1% en total); el derecho de los padres a solicitar plaza directamente en los centros (antes no se negaba, pero tampoco se especificaba); la obligación a las administraciones de crear comisiones de escolarización para distribuir a los alumnos sólo cuando los centros tengan más demanda que oferta (antes no especificaba cuándo), y la revisión anual de la financiación de los conciertos, especialmente las retribuciones del profesorado.

Los aspectos que los socialistas no han querido modificar por considerarlos "claves" en esta reforma, lo que no ha hecho posible un acuerdo completo con la concertada han sido:

- La planificación de los conciertos. La concertada pedía que la concesión de los conciertos no se vinculara en la ley, entre otras cuestiones, al presupuesto que tengan las comunidades y querían que dependiera sólo de la demanda.

- La creación de comisiones de escolarización por ley. La concertada considera que éstas no deben poder decidir sobre la distribución de los alumnos en los centros, posibilidad que deja abierta la ley, aunque garantiza que los padres puedan pedir plaza directamente en los centros.

- La prohibición de cobrar a los padres. Aunque se ha flexibilizado respecto al texto anterior, la concertada lo considera una vía imprescindible para su financiación. Estos centros no podrán cobrar "cantidades a las familias" ni "imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a asociaciones o fundaciones".

Ana Pastor, diputada del PP, habla con Mercè Pigem, de CiU, ayer en la comisión de Educación.
Ana Pastor, diputada del PP, habla con Mercè Pigem, de CiU, ayer en la comisión de Educación.EFE

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