De la unanimidad a las dudas
La Ley Patriótica, que toma las iniciales en inglés de su título (Proporcionar las Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo) se aprobó seis semanas después de los atentados del 11-S. En el Senado hubo 99 votos a favor y uno en contra, el del demócrata Russ Feingold. La situación fue ayer completamente diferente. El aliado de Feingold era un republicano, Larry Craig, que pertenece a la dirección de la Asociación Nacional del Rifle. "Cuando se trata de libertades civiles, no hay compromisos posibles", según Craig, que rechaza todo control sobre el uso de las armas.
Pero la gran ayuda para la victoria demócrata de ayer no llegó de los tránsfugas libertarios republicanos, sino del impacto de la información sobre las escuchas presuntamente ilegales de la Agencia Nacional de Seguridad. Aunque el presidente tiene la autoridad constitucional para ordenar escuchas, lo que ayer quedó de nuevo en evidencia, en un día clave, fueron los límites que el Gobierno traspasó después del 11-S.
El Gobierno se movilizó en defensa del presidente, pero, como es habitual en asuntos de espionaje, no hubo confirmaciones ni desmentidos. Según Condoleezza Rice, secretaria de Estado, "Bush ha actuado dentro de la ley en cada decisión tomada". Para Scott McClellan, portavoz del presidente, "Bush va a seguir manteniendo su compromiso con el respeto a la Constitución".
Pero en el Senado fueron abundantes las referencias a lo publicado por The New York Times. Para el republicano Arlen Specter, motor del consenso sobre el nuevo texto ahora bloqueado, el efecto de la información fue "devastador".
