Sanidad espera ahorrar 1.000 millones de euros en dos años con la nueva ley sobre el uso del medicamento
Sanidad espera ahorrar mil millones en dos años con la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios que ha enviado al Congreso. La norma comenzó el miércoles su debate con una serie de audiencias de la Comisión de Sanidad a expertos y representantes de los grupos implicados (farmacéuticos, fabricantes, médicos, y pacientes).
La ley prevé impulsar la prescripción por principio activo, y restablece el sistema de precios de referencia (el máximo que la Administración paga de un medicamento para el que exista un genérico), aunque suaviza el sistema anterior. Hasta 2003, ese precio se calculaba con los tres productos equivalentes más baratos, y la Seguridad Social no pagaba ninguna receta por encima de esa cantidad. En cambio ahora se deja que los laboratorios que tienen productos más caros se adapten al nuevo precio durante tres años.
Sanidad también proyecta cambiar las aportaciones que había pactado el PP con la industria por una tasa fija del 2% de sus ventas, independientemente de lo que haya crecido el gasto farmacéutico (en 2005, con un aumento del 5,63%, el sector no hubiera tenido que dar nada, ya que se trata de una subida por debajo del PIB nominal, según el pacto).
En esta primera fase, las críticas más duras han sido de Farmaindustria, que afirma que con la tasa y otras medidas perderá más de mil millones y se destruirán o dejarán de crear 2.700 puestos de trabajo.
Otro punto de conflicto es el de la sustitución de fármacos. La ley prohíbe que los farmacéuticos den otro que no está en la receta para los que están por debajo del precio de referencia, pero obliga a ello si están por encima. Esta medida irrita a los médicos, que defienden su libertad de prescripción, y a los farmacéuticos, que afirman que pueden sustituir con garantías.
La imposibilidad de hacer un seguimiento de los productos a lo largo de toda la cadena fue expuesta por el sector de distribución. Los consumidores criticaron que la ley afirme que "nunca" se puede dar un medicamento de prescripción sin receta, ya que entienden que tiene que haber excepciones para casos de urgencia.
