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El auto de procesamiento del 11-M

El PSOE da por concluida la investigación y el PP insiste en que quedan "cabos sueltos"

El resto de los grupos de la comisión de investigación del Congreso elogian el trabajo del juez

Anabel Díez

La investigación ha concluido, el Estado de derecho ha funcionado y los autores de la terrible matanza del 11 de marzo de 2004 están identificados, procesados y serán juzgados. Éstas son algunas de las conclusiones que ayer quiso resaltar la dirección federal del PSOE al conocer el auto del juez Juan del Olmo. También dieron por buena la investigación CiU, PNV, ERC, ICV y el Grupo Mixto. En nombre del partido del Gobierno, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, resaltó que ante un atentado de tal envergadura se ha puesto de manifiesto la solidez democrática de España, por cuanto "no se ha recurrido a ninguna medida excepcional, ni policial, ni política, ni social para responder al trágico atentado". El PP aseguró que sigue teniendo dudas.

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Los socialistas manifiestan su orgullo por el comportamiento de la sociedad española. En su comparecencia, Blanco hizo una llamada al PP para que "supere el pasado de rencor y mentiras", mire "el futuro" y abandone "las especulaciones" sobre la autoría del atentado. Casi a la misma hora, uno de los portavoces populares en la comisión de investigación parlamentaria del 11-M, Vicente Martínez Pujalte, en una primera aproximación, expresó muchas reservas sobre las conclusiones del juez.

Mientras que Blanco considera "concluido el proceso", al estimar que el auto es "suficientemente contundente y determina a los autores materiales", Martínez Pujalte cree que hay "pocos procesados" y aprecia "cabos sueltos". Además, su compañero en los trabajos de la misma comisión, Jaime Ignacio del Burgo, estima que los procesados son "actores secundarios". Este parlamentario hace referencia implícita a ETA. También Martínez Pujalte insiste en que hubo relación entre los presos islamistas y etarras "en las cárceles".

Elogios a la policía

Por su parte, Blanco señaló: "El juez descarta expresamente cualquier implicación directa o colateral con ETA". En el PSOE los elogios se extendieron hacia todo el aparato judicial, pero también a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Con su trabajo han conseguido cumplir dos objetivos: primero, dar respuesta a las víctimas del atentado, explicándoles las circunstancias por las que sufrieron tan enorme dolor; y en segundo lugar, "describir al enemigo" al que se enfrenta la sociedad.

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"La caracterización de este enemigo es la de una minoría fanática vinculada al terrorismo islamista radical, a la que no se puede combatir con guerras como la de Irak, que no hacen sino agravar aún más el problema", dijo Blanco, quien insistió en que el PP, dado que "no respetó" la verdad política que, a su juicio, se demostró en la comisión parlamentaria, al menos ahora debe respetar "la verdad judicial".

El resto de los grupos parlamentarios que trabajaron muy activamente en la comisión sí dieron por buena la investigación judicial, que se ajusta en buena medida a las propias conclusiones que extrajeron tras muchos días de comparecencias de quienes investigaron los hechos.

Por el PNV, el portavoz en la comisión del 11-M, Emilio Olabarria, resaltó que a partir de ahora hay "dos verdades: la que mantiene el PP y la del resto del mundo".

Otro comisionado que, como Olabarria, trabajó muy activamente en esta tarea fue Jordi Jané, de CiU. "Se disipan posibles dudas sobre la vinculación directa o indirecta con ETA", señaló Jané. Este diputado recordó los informes en los que se alertaba sobre el peligro de atentados islamistas en España, pero concluyó que los únicos responsables son los terroristas. Joan Puigcercós, de ERC, pidió al PP que se excuse por insistir en la tesis de que ETA tuvo relación con el atentado. También José Antonio Labordeta, de la Chunta Aragonesista, se congratuló de que el juez coincida con las conclusiones del Parlamento y haya dejado claro que "de ETA, nada".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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