Dos lógicas

La valoración que ha hecho Batasuna de los recientes atentados de Barañain (Navarra) y Getxo (Vizcaya), que ha calificado como "hechos muy graves", marca distancias respecto a sus pronunciamientos habituales sobre la violencia terrorista. Las palabras de su portavoz, Joseba Permach, han sido muy calculadas. Probablemente están en el límite de lo que la izquierda abertzale está dispuesta a ofrecer en estos momentos, pero no pueden considerarse suficientes. No lo son para el máximo afectado, el concejal de UPN José Antonio Mendive, que ha visto destruido su negocio familiar, pero tampoco para una mayoría ciudadana que espera poder pasar al fin la hoja del terrorismo. Distinto es que se considere que están en la buena dirección. Es lo que ha declarado el portavoz del Gobierno, lo que le ha permitido apuntar que por los indicios disponibles se trataría de acciones no atribuibles a órdenes de ETA.

Antes de abrir el proceloso camino de una eventual negociación con ETA, previa aprobación del Congreso, ha de verificarse la inequívoca voluntad de abandonar la violencia. Esta exigencia ha sido reiterada desde el alto el fuego por el presidente Zapatero, que a la luz de los informes periódicos de verificación de las fuerzas de Seguridad debe decidir en qué momento se presenta ante el Congreso.

Atentados como los producidos el pasado fin de semana alentarán inevitablemente los recelos de quienes sostienen que no se puede negociar con la banda terrorista, o las de aquellos que han planteado la inmediata suspensión del proceso antes incluso de que se haya iniciado, como ha hecho el presidente de Navarra, Miguel Sanz.

La obligación del Ejecutivo es esclarecer si estos atentados obedecen a una lógica etarra encubierta de seguir alimentando la kale borroka como método de presión, o si se trata de episodios ejecutados por descontrolados, no por eso menos censurables. En este segundo caso, la cúpula etarra se encontraría ante el dilema de hacer acatar la férrea disciplina de la organización a esos jóvenes contaminados por una violencia que los dirigentes les han venido proponiendo desde hace décadas como única estrategia.

Las palabras de Permach están todavía en una lógica que equipara el terrorismo con el uso legítimo de la violencia por el Estado de derecho para defender la ley. Lo mismo cabe decir del secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, que ha equiparado la violencia etarra con la política de detenciones y la ilegalización de Batasuna. Es inadmisible comparar acciones delictivas con la detención de presuntos delincuentes o su sometimiento a la justicia. Son los violentos, y no al revés, quienes deben avanzar mucho más y condenar tajantemente el uso de la violencia como arma política si quieren incorporarse al juego democrático y defender su ideario desde la legalidad.