Seis autonomías buscan mejor financiación y perfilar su definición en los Estatutos

Lo que sigue resume el estado de tramitación en las seis autonomías cuyo Parlamento intenta alumbrar un nuevo texto.

BALEARES Nacionalidad histórica

El proyecto de reforma del Estatuto lo pretenden aprobar PSOE y PP en el Parlamento a mitad de junio para que esté en vigor, tras el pase por las Cortes, antes de que acabe la legislatura autonómica, en mayo de 2007. El Estatuto no requiere ser votado en referéndum. El texto ha entrado en comisión encallado por el súbito cambio de postura del PP para la creación urgente del nuevo Consejo de Formentera, con plenas competencias y escindido del de Ibiza en las próximas elecciones. El PSOE considera "no asumible" la urgencia impuesta sobre el consejo segregado. Matas insiste en que "la financiación, los fondos que recibiremos, el dinero, es lo que importa del Estatuto". Se incluye una cláusula que establece que el Estado destinará el 2,5% de sus inversiones estatales en Baleares durante 10 años para "compensar" los desequilibrios de infraestructuras. La reforma propone definir las islas como "una nacionalidad histórica" y crear un consejo audiovisual.

CANARIAS Región ultraperiférica

Los ponentes de la reforma del Estatuto de Canarias esperan que el texto se apruebe en el Parlamento y se remita a las Cortes el 30 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de Canarias. El texto canario elude la polémica de la calificación de las islas como nación -ahora se define como comunidad autónoma- y se proclama como "archipiélago atlántico y región ultraperiférica", un concepto jurídico ya contemplado en el Tratado de Amsterdam y en el nuevo Tratado de la UE. El Estatuto canario insiste en reclamar competencias contempladas en los textos de Cataluña y Andalucía, a las que añade las que considera innatas a un archipiélago alejado. Entre otras, se reclaman materias en inmigración, puertos, aeropuertos, delimitación de las aguas interiores, reformas en el sistema judicial y agencia tributaria consorciada. En cuestión de cesión de tributos, el Gobierno de Canarias defiende que las islas "deben recibir del Estado la misma cantidad per cápita en todos los territorios".

CASTILLA-LA MANCHA Comunidad autónoma

En Castilla-La Mancha, PSOE y PP llevan meses negociando la reforma del Estatuto de Autonomía. Los dos grupos parlamentarios se muestran convencidos de llegar al final a un acuerdo, aunque por el momento, según los populares, los temas esenciales han quedado aparcados. Entre ellos, la financiación, la deuda histórica o el déficit hídrico y de infraestructuras. Uno de los objetivos fundamentales es que Castilla-La Mancha tenga competencia en la gestión del agua. No hay desencuentro en cuanto a la definición de la comunidad. El vicepresidente segundo del Ejecutivo autónomo, Emiliano García Page, zanjó la cuestión: "Vamos a invertir el tiempo en ganar en competencias y capacidad de gobierno sabiendo que somos lo que somos: una comunidad autónoma".

ARAGÓN Nacionalidad histórica

Menos los socialistas y los populares, el resto de las formaciones (CHA, IU y PAR, que gobierna con el PSOE) opinan que la voluntad de que sea el "Estatuto de todos" ha llevado al debate los temas conflictivos como la ley de lenguas -Aragón es trilingüe, según la reforma de 1996-, la financiación, el agua y la denominación de qué es Aragón. Los cuatro meollos de la reforma siguen pendientes de acuerdo. Todavía no ha terminado el primer examen del texto, y hay que presentarlo antes del 30 de junio, porque en febrero de 2007 se disuelven las Cortes y comienza el periodo electoral. En Aragón, en principio, la definición de lo que es la comunidad no debería plantear demasiados problemas, porque en la reforma de 1996 aparece como nacionalidad histórica. Desde el PP se asegura que hay acuerdo.

GALICIA Reconocimiento nacional

Actualmente, la comisión parlamentaria que abordará la reforma del Estatuto gallego está en proceso de recogida previa de información antes de que se abran las discusiones entre los partidos. El asunto que más divide a las fuerzas políticas es la definición de Galicia. En la práctica, el Partido Popular tiene un derecho de veto, y no aceptará el término nación, en coherencia con la postura que mantienen en Cataluña y Andalucía. Pero el Bloque Nacionalista Galego (BNG) no está dispuesto a pasar por ninguna fórmula que no incluya el "reconocimiento nacional" de Galicia, ya que entiende que equivaldría a "perder rango" respecto a Cataluña y el País Vasco. El presidente de la Xunta y líder del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), Emilio Pérez Touriño, ha reiterado su voluntad de buscar una fórmula negociada y alude a las propuestas presentadas en Andalucía y Cataluña para enfatizar que Galicia no puede quedarse atrás.

Con información de Andreu Manresa, Juan Manuel Pardellas, Isabel Salvador, Concha Monserrat y Xosé Hermida.