Libertad a las comunidades

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha eludido entrar en la polémica sobre la legalización de la prostitución, pero ha asegurado que el reparto de competencias "permite que comunidades autónomas y corporaciones locales adopten las iniciativas que crean oportunas para limitar los efectos nocivos". Así se manifestó el pasado febrero en el Congreso, tras conocerse el informe del Instituto de la Mujer contrario a la iniciativa reguladora de la Generalitat.

También entonces, el ministro aseguró que está en estudio la posibilidad de conceder la renta activa de inserción (un salario para los trabajadores con grandes dificultades para encontrar un empleo) a las prostitutas que abandonen esa ocupación.

A iniciativa de ICV-IU, el Congreso ha decidido estudiar la situación de la prostitución con el objetivo de recomendar al Gobierno qué hacer con ella (ahora es una actividad permitida si es voluntaria, pero se castigan la trata y el proxenetismo). El próximo día 9 comenzarán las comparecencias de expertos ante un grupo de trabajo vinculado a la Comisión de Derechos de la Mujer.