La eutanasia está ahí
Por más que se quiera ocultar, soslayar o anatemizar, el problema de la eutanasia está y estará cada vez más presente en la realidad social. La muerte del tetrapléjico vallisoletano Jorge León Escudero, obra según todos los indicios de una mano amiga, lo ha vuelto a situar en el debate. Cada vez son más las personas que, como consecuencia de enfermedades irreversibles asociadas al envejecimiento extremo o de accidentes, se encuentran inmersas en situaciones que para ellas no reúnen los requisitos mínimos de una vida humana, de la que quieren liberarse con ayuda médica legal, y no por un acto humanitario pero clandestino.
Se trata de una cuestión delicada, en la que los aspectos éticos y legales se entremezclan, pero que ningún Gobierno, del signo político que sea, puede seguir ignorando. Algunos países, como Holanda y Bélgica, han regulado cuidadosamente la práctica de la eutanasia activa y la correspondiente actuación médica. En España, por el contrario, se mantiene congelado el debate político e institucional, pese a que la sociedad es favorable a abordar la cuestión con la prudencia y el rigor exigibles. El PP ignoró el tema en los ocho años que gobernó, sin duda por su total alineamiento en este punto con las posiciones de la Iglesia.
La ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha señalado que la regulación de la eutanasia no figura en la agenda del Gobierno, ya que se trata de un debate político que "no corresponde ahora". Es verdad que el PSOE sólo se comprometió a crear una comisión en el Congreso para estudiar la posible despenalización. Pero de esta comisión no se sabe nada pasado el ecuador de la legislatura.
Es comprensible que el Gobierno module su programa reformista y asuma sus compromisos cuando corresponda. La Iglesia española situó la eutanasia en el frontispicio de su campaña contra las reformas del Gobierno, calificando de "apología del delito" su simple debate, y como "una forma más de homicidio" el hecho en sí. Además, las sedaciones paliativas en el hospital público de Leganés dieron lugar a que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lanzara una sospecha de eutanasia generalizada, de la que más de un año después no hay rastro alguno. Pero más pronto que tarde, este Gobierno u otro del PP no podrá dejar de dar una respuesta legal, al margen de legítimas y respetables opciones morales, a situaciones personales muy difíciles, frecuentes hoy día y cada vez más en el futuro.
