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Reportaje:El futuro del País Vasco

Alto el fuego verificado

El Gobierno considera que ETA ha cumplido con su anuncio de cese permanente de la violencia, realizado el pasado 22 de marzo

El Gobierno da por suficientemente verificado el cumplimiento por parte de ETA del alto el fuego permanente anunciado el pasado 22 de marzo, hace hoy dos meses, aunque continuarán los informes de valoración del Ministerio del Interior. El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se autoimpuso una evaluación global de la situación antes de acudir al Congreso para comunicar el inicio del diálogo con la banda terrorista. Ese análisis incluye la verificación policial del alto el fuego, pero también factores políticos, como la actitud de los partidos y las fuerzas sociales que, de forma muy mayoritaria, han dado su respaldo al proceso. En 1998, el presidente José María Aznar autorizó los contactos con ETA al mes y medio de la declaración de alto el fuego por parte de la banda.

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El 30 de mayo se cumplirán tres años sin atentados mortales y los tres informes elaborados por Interior, el último de ellos entregado el pasado 12 de mayo en La Moncloa, confirman que ETA ha "parado" su actividad en España, la ha "ralentizado" en Francia y que no está detrás de los incidentes de kale borroka registrados en estos dos meses. El último repunte de la violencia callejera de este fin de semana, previsiblemente en protesta por la prohibición del Departamento de Interior vasco de una manifestación de la organización juvenil ilegalizada Segi, no ha modificado la evaluación realizada por Zapatero, según fuentes cercanas al presidente. Ni ha alterado su convicción de que ETA no ha ordenado reactivar una violencia de baja intensidad que en la anterior tregua (de septiembre de 1998 a diciembre de 1999) alcanzó la cifra de 850 actos de kale borroka.

- Violencia callejera. El último brote de violencia callejera se ha producido este fin de semana con el ataque con piedras o pintura roja y amarilla contra diez sedes peneuvistas (batzokis) en Getxo, Leioa y Azpeitia desde el pasado viernes. En esta última localidad guipuzcoana, los saboteadores atacaron también la vivienda de la única edil socialista del pueblo. En las últimas horas, también han sido atacados sedes del Partido Nacionalista Vasco en Galdakao (Vizcaya), Elorrio (Vizcaya), Vitoria, Rentería y Arrasate, así como la sede del PSE en Aretxabaleta.

Con todo, el incidente más grave en estos dos meses se produjo en Barañain (Navarra) el 22 de abril, al ser el primer sabotaje y sobre todo por los daños causados, ya que el incendio provocado arrasó el negocio de un edil de UPN y obligó a desalojar un bloque entero de viviendas. Un día después, desconocidos lanzaron cuatro cócteles molotov contra una oficina de seguros en Getxo (Vizcaya) que apenas causaron desperfectos.

El tercer informe de verificación subraya que ETA no había ordenado estos ataques, algo que la propia banda confirmó en la entrevista en Gara del pasado día 14, en la que rechazó "cualquier responsabilidad o paternidad" en esos sabotajes. No obstante, en esas declaraciones advirtió de que la banda no actuará de "bombero" de lo que denomina lucha popular (herri borroka). Por su parte, Batasuna, a través de su portavoz, Joseba Permach, se distanció de los sabotajes y los calificó de hechos "muy graves".

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- Extorsión a empresarios. Las cartas de ETA dirigidas a empresarios, en la modalidad de misivas amistosas o de cartas exigiendo el chantaje económico, también han sido analizados en los informes de verificación. Sobre este asunto, ETA se mostró en la entrevista de Gara menos clara y recordó que "la lucha de liberación continúa originando necesidades económicas". Aunque la patronal vasca Confebask y el presidente del Círculo de Empresarios Vascos, Alejandro Echeverría, han confirmado que no hay más cartas, otras fuentes indican que se han recibido algunas misivas más. El último informe de verificación policial indicó que la decena de cartas de extorsión conocidas por las policías vasca y estatal fueron elaboradas antes del alto el fuego, aunque estaban mataselladas el 6 y el 7 de abril. En ellas, ETA pedía hasta 24.000 euros.

- Detenciones por la Ertzaintza y la Guardia Civil. Durante estos dos meses, el Estado de derecho no ha dejado de funcionar, según ha resaltado el Ejecutivo español. Las dos primeras detenciones tras el alto el fuego las realizó la Ertzaintza el 27 de marzo. Uno de los arrestados ingresó en prisión acusado de estar implicado en la emboscada de ETA en el puerto de Herrera (Álava) contra una patrulla de la Ertzaintza en 2003. En ese atentado, dos ertzainas resultaron heridos y el etarra Arkaitz Otazua murió desangrado. El juez puso en libertad al otro arrestado en la operación.

La Guardia Civil detuvo también al dirigente de Segi Ibon Meñika, encarcelado por colaboración con banda armada, y a una joven del sindicato LAB, que luego quedó libre. Meñika está acusado de repartir bonos de apoyo a ETA de 60 euros cada uno.

- 'Zutabe' de Abril y entrevista en 'Gara'. Más allá de los elementos objetivos -"los hechos son lo importante", suele precisar Zapatero-, el Gobierno diferencia entre la verificación propiamente dicha y la evaluación. En este último capítulo se incluyen las declaraciones de los diferentes partidos, agentes sociales y fuerzas gubernamentales. Aunque en el zutabe (boletín interno de ETA) de abril, el último conocido, y en la entrevista en Gara ETA retoma su discurso histórico sobre la autodeterminación y la territorialidad, fuentes de Presidencia no le conceden demasiado valor a la literatura recogida en ambos textos. Ayer lo recalcó Zapatero al indicar que "todas las ideas, todas, son posibles", así como todos los proyectos políticos, pero dentro de las reglas de juego y de la Constitución, siempre que se haga sin violencia.

- Situación operativa de ETA. Los tres informes de verificación confirman el parón de la actividad terrorista. Si bien en España no han sido detectados movimientos de etarras, en Francia se han comprobado traslados de material de la banda hacia el norte del país.

Un empleado municipal limpia las manchas de la pintura lanzada contra una sede del PNV en Vitoria.
Un empleado municipal limpia las manchas de la pintura lanzada contra una sede del PNV en Vitoria.EFE

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