Lubasa paraliza las obras sin licencia del 'parking' del hospital de Castellón
El Ayuntamiento le exigió en una orden la suspensión cautelar
La empresa Lubasa ha acatado la orden dictada el jueves por el Ayuntamiento de Castellón en la que le exigía la paralización inmediata de las obras del aparcamiento subterráneo del Hospital General que estaba ejecutando sin licencia. El grupo municipal socialista denunció, hace una semana, que las obras se estaban realizando pese a que la empresa no contaban con las preceptivas licencias de obra y actividad.
El lunes, el equipo de gobierno popular mostró su sorpresa por la carencia de estas autorizaciones y ordenó la apertura de un expediente de infracción urbanística a la adjudicataria cuando la obra, de gran magnitud, llevaba en marcha tres meses. Finalmente, el jueves, el Ayuntamiento de Castellón dictó la orden de paralización cautelar y la remitió a la empresa que hoy la ha acatado y ha ordenado el cese de los trabajos. La suspensión estará vigente hasta que se cumplimente la tramitación y se apruebe la licencia.
La denuncia sobre la carencia de licencias realizada por el grupo socialista se unió al también denunciado cúmulo de irregularidades que reúne el expediente de este proyecto. La obra obtuvo una bonificación del 95% del Impuesto de Instalaciones y Construcción, lo que eximía a la empresa del pago de unos 280.000 euros. La exención se aprobó en respuesta a una petición formulada en un documento falso que, según indica, fue presentado por orden del director del hospital, quien ha negado haberlo firmado u ordenado. El PP hizo marcha atrás y retiró la bonificación, a raíz de los informes técnicos realizados como respuesta a un recurso presentado por el grupo socialista. Aún así, la portavoz de Hacienda, Josefina Gimeno, acusó al equipo de gobierno de tapar un intento de fraude a la hacienda municipal mientras que el edil de Urbanismo, Javier Moliner, defendió la legalidad del proceso. El PP ha remitido la documentación a fiscalía para que determine si ha existido alguna ilegalidad en el procedimiento. El grupo socialista también remitirá la documentación la próxima semana pero con el fin de que dilucide quién ha intentado cometer el fraude y de dónde proceden los documentos falsificados.
