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Ofensiva judicial contra el terrorismo

Garzón ordena dos nuevas detenciones en relación con la extorsión de ETA

El juez continúa la operación iniciada por su sustituto, Fernando Grande-Malaska

El juez Baltasar Garzón ha decidido continuar con la operación iniciada por su sustituto en el juzgado, Fernando Grande-Marlaska, y la juez francesa Laurence Levert en contra de la red de recaudación del denominado impuesto revolucionario de ETA. Los dos nuevos detenidos son Pablo Muñoz Peña, de 65 años, director editorial del grupo Diario de Noticias y ex director del clausurado Egin, y Jesús Iruretagoyena de la Fuente, de 66, a los que considera intermediarios de la red, encargados de ponerse en relación con los extorsionados, activar negociaciones y articular plazos y vías de pago.

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La operación de ayer, en la que fueron registrados los domicilios de Muñoz en San Sebastián y de Iruretagoyena en Zestoa (Guipúzcoa), fue ordenada por el juez Garzón, que ha retomado los asuntos de su juzgado, tras año y medio de permiso de estudios en el que ha sido sustituido por Grande-Marlaska.

Precisamente, el auto dictado por Grande-Marlaska en el que se imputaba al dirigente del PNV Gorka Aguirre de colaborar con ETA se mencionaba a Muñoz e Iruretagoyena, junto con otros detenidos, como "los intermediarios de la citada red de extorsión ubicados en España, encargados de ponerse en relación con el extorsionado; activar procesos de negociación; articular plazos y vías seguras de pago; entregar recibos; así como poner en circulación cartas de extorsión, recibiendo en ocasiones el dinero".

La policía, en concreto, atribuye a Muñoz labores de intermediación y asegura que "formaba parte de la estructura" de la red, mientras que Iruretagoyena está acusado de ser la persona colocada por ETA dentro de la red como contacto para intermediar en Zumaya y localidades limítrofes a ese municipio guipuzcoano. Iruretagoyena ya fue detenido y procesado en 1980 por realizar supuestas labores orgánicas en ETA, entre ellas asuntos relacionados con el cobro del denominado impuesto revolucionario.

La policía considera que el periodista Pablo Muñoz Peña, de 65 años y natural de Irún (Guipúzcoa), realizó labores de intermediación entre el sector empresarial navarro y la red de extorsión de ETA. Muñoz podría haber hecho gestiones concretas en relación con un empresario navarro extorsionado, según la declaración de Jean Pierre Haracorene, uno de los 14 detenidos por su relación con la citada red de extorsión etarra. Tras esas detenciones, la policía arrestó a dos empresarios navarros del sector de la construcción, acusados de pagar a ETA el chantaje, aunque posteriormente fueron puestos en libertad.

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Muñoz habría actuado "por encargo" de otros miembros ya detenidos de la red, pero Interior cree que el periodista ha formado parte de la estructura de la banda en los últimos 20 años.

La operación para la desarticulación de la red del impuesto revolucionario se inició el pasado 20 de junio conjuntamente en Francia y en España. Los principales implicados son Joseba Imanol Elosua Urbieta -que regentaba el bar El Faisán en Irún, donde la organización terrorista centralizaba supuestamente la intermediación y el cobro de la extorsión a los industriales-, y, en Francia, Ángel Iturbe -hermano del que fuera jefe de ETA Domingo Iturbe Abasolo, Txomin- y José Luis Cau Aldanur.

En el auto en el que se imponían medidas cautelares a Gorka Aguirre y en el que se mencionaba como integrantes de la red a Pablo Muñoz y Jesús Iruretagoyena se menciona también a otras tres personas que por el momento no han sido detenidas. Se trata de Juan Carlos Iriarte Pérez y Justo Azcue Zaldua, que son mencionados como intermediarios, y Carlos Bellver Amare, que se supone que es la persona encargada de invertir en el extranjero los fondos originados por el impuesto revolucionario.

El grupo Noticias, editor del Diario de Noticias de Navarra y de Álava y Guipúzcoa, manifestó ayer su "indignación y perplejidad" ante la detención de su director editorial y denunció la "extrema gravedad" que supone este hecho desde un punto de vista humano, ético y jurídico. En un comunicado, denunció el "atropello" y consideró el arresto un "ataque frontal a los cimientos de un verdadero Estado de derecho" sin más pruebas que una declaración "incierta y confusa de uno de los arrestados" en la operación contra la red de extorsión, en alusión a Haracorene.

Por su parte, los familiares del segundo detenido, Iruretagoyena, natural de Santander (Cantabria), anunciaron ayer que solicitarán un hábeas corpus, ya que recientemente ha sido intervenido quirúrgicamente para que le implantaran una prótesis en una rodilla.

En los registros de los domicilios fue intervenida numerosa documentación que ya está siendo analizada por los expertos antiterroristas. Los dos detenidos fueron trasladados a Madrid a las dependencias policiales de Canillas.

Pablo Muñoz Peña, en el momento de ser detenido ayer en San Sebastián.
Pablo Muñoz Peña, en el momento de ser detenido ayer en San Sebastián.EFE

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