Los juristas prefieren prevenir
El Código Penal incluye un agravante para las personas que han reincidido en un mismo tipo de delito. Caer dos veces sobre la misma piedra tiene además otra consecuencia: el condenado a menos de dos años no suele llegar a pisar la cárcel; pero si es la segunda vez que delinque, el ingreso en prisión es inevitable.
Tres años después de la última reforma del Código Penal hecha por el Gobierno de José María Aznar (PP), el Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a un anteproyecto de ley que amplía el catálogo de delitos y endurece el castigo para determinados tipos. La reforma intenta sancionar con efectividad la delincuencia habitual, e incide especialmente sobre la ejecución de la pena. Este sistema, similar al de países como Francia, Alemania o Italia, establece un severo paquete de medidas. Reduce los beneficios penitenciarios que se podrían obtener si no se hubiera vuelto a delinquir: restricciones para acceder al tercer grado y a la libertad condicional. El juez podrá, incluso, dictar una libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena.
¿Cómo combatirían los juristas la delincuencia profesional? "Hay que analizar qué es lo que está pasando", señala el portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, Jaime Tapia. "No estamos hablando de delitos de sangre. La mayoría son hurtos y pequeños robos que cometen extranjeros sin papeles o gente que tiene problemas con las drogas, excluidos sociales. Son delitos relacionados con la subsistencia".
¿Cómo se combaten, entonces? Según Tapia, legalmente hay medidas alternativas, como los trabajos en beneficio de la comunidad, "que se usan mucho en los países del norte de Europa y funcionan como respuesta ante los primeros delitos, pero aquí no se ponen en marcha por falta de recursos". Y dinero para integración. "En las comunidades autónomas que invierten en los colectivos marginados hay menos delincuencia".
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura coincide en algunos de estos planteamientos. "La solución no pasa sólo por la represión, sino por la prevención", señala su portavoz, el magistrado Antonio García. "Si hay gente que delinque por consumo de drogas, habrá que someterlos a tratamientos de deshabituación, y ofrecer a la gente espacios laborales que les permitan afrontar la vida de otra manera". Legalmente, asegura que "las medidas de seguridad son un semillero del que se puede obtener mucho fruto". "Lo que está claro", añade, "es que la sociedad está demandando soluciones y el Gobierno, que es quien dirige la política criminal, debe reaccionar".
El decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, pide más recursos. "Son necesarios más medios en los juzgados para que las respuestas sean más rápidas y eficaces". Y que no se olviden las garantías de los acusados. También lo hace la Unión Progresista de Fiscales. "No vamos a condenar a nadie a cadena perpetua por robar en el interior de un coche", explica Eduardo Esteban, su portavoz. "Lo que hay que hacer es sacarlos de la marginalidad".
