El Gobierno de Camps insiste en que la ley respeta las directivas

La legislación urbanística de la Comunidad Valenciana sumó ayer otro suspenso. La Comisión Europea censuró primero la ley aprobada por los socialistas en 1994 y desarrollada por los Gobiernos populares en la última década y ahora insiste en que la norma que la sustituye tampoco cumple las directivas comunitarias. Pero el Consell que preside Francisco Camps, del PP, parece impermeable a los argumentos comunitarios. Ayer mismo, la secretaria autonómica de Territorio y Vivienda, Cristina Serrano, aseguró que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) "se ajusta totalmente a la normativa europea y mejora sin lugar a dudas la legislación anterior", la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), ya derogada. Serrano incluso invitó a la Comisión Europea a dejarse de ultimátum y trasladar el litigio al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Sería ésta la última etapa de un largo proceso que arrancó con denuncias individuales y colectivas contra la LRAU ante organismos comunitarios. Hasta 15.000 quejas acumuló el Parlamento Europeo, un número suficiente para enviar a la Comunidad Valenciana en mayo de 2004 a una delegación de diputados que emitió un primer informe sobre los conflictos urbanísticos. En junio de 2005, otra delegación de europarlamentarios entrevistó a casi mil personas entre alcaldes, propietarios afectados, promotores, autoridades valencianas y del Gobierno, para elaborar un dictamen definitivo.

Así, el pleno del Parlamento Europeo aprobó el 13 de diciembre de ese mismo año el llamado Informe Fourtou, que consideró "evidente" el perjuicio sufrido por muchos afectados y reclamó una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana. Un día después la Comisión Europea advertía a España que la LRAU no se ajustaba al derecho comunitario. El dictamen, emitido tras un primer aviso, concedía tres semanas para adecuar la normativa valenciana a la europea. La Comisión advirtió, además, que el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) tampoco se ajustaba a las directivas de la Unión Europea.

Nuevo aviso

El aviso no surtió efecto en la Generalitat, que consideró resuelto el asunto al aprobar una semana después, con leves retoques, la nueva LUV, que entró en vigor el pasado febrero. Un cambio de rumbo insuficiente para Bruselas. La Comisión abrió un segundo expediente de infracción el pasado abril, precisamente contra la LUV. Las autoridades comunitarias aprovecharon la ocasión para censurar de nuevo la actuación del Gobierno valenciano por permitir la aprobación de nuevos planes de actuación urbanística (PAI) en los meses previos a la entrada en vigor de la LUV a sabiendas de que se podrían acoger a la derogada LRAU. Los dos meses de plazo dados a la Generalitat para alegar contra el segundo expediente se han cerrado se han alargado hasta ayer. La respuesta de la Administración valenciana ha sido insuficiente.