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La reforma del Estatuto de Autonomía

Los populares apoyan artículos que recurrieron en Cataluña

Nada más empezar la sesión de la Comisión Constitucional lo advirtió el portavoz de CiU, Jordi Xuclà: "Se están autoimpugnnado y autoinvalidando en su ataque al Estatuto de Cataluña. Deberían retirar parte de su recurso al Tribunal Constitucional". Esta reflexión fue una de las muchas alusiones que con mayor o menor intensidad se cruzaron los distintos grupos acerca del cambio de posición del PP respecto al Estatuto andaluz. Un intercambio de reproches que protagonizaron, sobre todo, IU y el PP. El PSOE, por el momento, cree que no es la hora de "pasar factura" por ese motivo, aunque el lenguaje gestual de sus diputados eran todo un homenaje a las críticas que la federación de izquierdas dirigió al centro derecha. "Estamos ante un giro al centro del PP", dijo la diputada de IU, Concha Caballero, una frase que el popular Javier Arenas contestó desde su escaño: "Ése es el objetivo".

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El cambio más significativo del PP se produjo, además del apoyo a la educación laica y la muerte digna, al título de competencias. Los populares habían presentado una enmienda de devolución por considerar que todo el título vulneraba "principios constitucionales básicos". Este apartado ha sufrido cambios en 40 de sus 44 artículos, a base de introducir citas de la Constitución y latiguillos de prevalencia de la legislación estatal.

Competencias

Esa receta se aplicó al artículo 42 sobre la tipología de las competencias, de la que se eliminó la referencia de que las leyes de bases marcarán principios o "mínimo común normativo". Con esta supresión el PP se dio por satisfecho, ya que parte de su recurso al Estatuto de Cataluña se basa en ese criterio. "La diferencia", dijo la popular Soraya Sáenz de Santamaría, "es que este Estatuto respeta la Constitución y otros no". Al PSOE estas referencias no les molestan, todo lo contrario. "Estamos muy cómodos con el traje constitucional", dijo el socialista Javier Torres Vela.

Junto con ese artículo, el PP también votó otros del bloque de 10 preceptos en los que se centraban las diferencias. Así, apoyó que la comunidad tenga la competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros en "necesaria" coordinación del Estado y "de acuerdo" a la legislación estatal, prevista en el artículo 61. Y también la competencia ejecutiva sobre los inspectores de trabajo, en la que se refuerza la actuación coordinada entre el Estado y la Junta.

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Los populares no apoyaron en su totalidad la enmienda transaccional del PSOE sobre la participación de la Junta en la designación de los miembros de órganos del Estado, en el artículo 85. El PP aceptó que esta vía se hará "en los términos que establezca la Constitución", pero votó en contra de que se especificaran esas instituciones, entre las que figura el Banco de España.

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