El Gobierno pide "tolerancia cero" contra la corrupción
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer "tolerancia cero" frente a la corrupción urbanística y pidió "cooperación" a las comunidades autónomas y ayuntamientos, competentes en materia urbanística, para atajarla. La serie de escándalos urbanísticos conocidos estos días en la Comunidad de Madrid, que se unen a los denunciados semanas y días atrás en las zonas costeras, originó la renovación del compromiso del Gobierno para combatirlos.
El Consejo de Ministros, que presidió al encontrarse José Luis Rodríguez Zapatero en la Cumbre Europea de Finlandia, y aprobó la Ley de Responsabilidad Medio Ambiental, repasó la acción del Gobierno al hilo de los últimos escándalos conocidos.
Previamente, Fernández de la Vega acentuó el compromiso del Gobierno con una especie de declaración de principios, ante los medios de comunicación, en la que calificó como "repugnante" la corrupción urbanística y "cualquier corrupción", porque "nada atenta más contra el sistema democrático" que ésta. "Por ello, el Gobierno no está dispuesto a amparar ni a tolerar ninguna forma de corrupción, venga de donde venga, como lo ha demostrado con hechos", concluyó.
Medidas del Ejecutivo
La vicepresidenta primera repasó las medidas adoptadas por este Gobierno para combatir la corrupción urbanística: la Ley del Suelo; la creación de una Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo; de una unidad especial de la Guardia Civil, compuesta por 200 miembros, especializada en derecho urbanístico y en la investigación de patrimonios personales para perseguir con mayor precisión los delitos urbanísticos; la Ley de Montes, que prohíbe recalificar durante 30 años los terrenos incendiados, y la Ley de acceso a la información de la Administración. A ellas añadió el plan de compra de fincas del espacio terrestre y marítimo para evitar la especulación en las zonas costeras.
Fernández de la Vega no consideró necesario como arma de combate de la corrupción urbanística que el Gobierno central recupere las competencias sobre el suelo que comparten comunidades autónomas y ayuntamientos. Defendió, como clave, una mejor cooperación entre todas las instituciones para combatirla y reclamó a todas ellas "la misma actitud tajante de tolerancia cero que mantiene el Gobierno".
Citó la disolución del Ayuntamiento de Marbella, el pasado mes de abril, al que calificó como "hecho sin precedentes", para mostrar la firmeza que el Gobierno está dispuesto a adoptar, si es necesario, para terminar con la corrupción urbanística.
