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El proceso para el fin del terrorismo
Columna
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¿Tendrá consecuencias?

Cuando se negocia con un escorpión hay que contar con su tendencia a clavar el aguijón a la rana que le ayuda a cruzar el río, aunque el resultado sea que ambos se ahoguen. El robo de armas la víspera del debate de Estrasburgo es la última manifestación de la afición de ETA-Batasuna a dejar en ridículo a quienes les echan una mano. La esperanza del Gobierno de que gestos como el de llevar el debate al Parlamento Europeo "fueran correspondidos por la izquierda abertzale" (El Correo, 22-10-06) o la sorpresa de Interior ante una acción que no esperaba porque "da munición al PP" (La Vanguardia, 25-10-06) revelan falta de información sobre la naturaleza del octavo signo del Zodiaco.

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Seguramente los jefes de ETA no tienen claro si desean o no abandonar definitivamente la lucha armada; esperan que ocurra algo que les haga decantarse, y entre tanto se van adaptando a la resistencia que encuentran. Tantean con sus amenazas y desplantes, y si perciben disposición a ceder siguen amenazando con romper hasta ver cuáles son los límites del Gobierno. Un efecto empíricamente comprobado es que a menor resistencia del Ejecutivo, mayor del poder judicial, o de una parte del mismo, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre. Ninguna hoja de ruta es capaz de ofrecer respuesta a todas las variables de una negociación con escorpiones, pero la experiencia parece aconsejar situarse en un terreno de ni romper ni hacer concesiones sustanciales mientras no exista evidencia de que la retirada es irreversible.

Hace unos días se ha informado de que, ante la negativa de ETA a sentarse a negociar el fin de la violencia, el Gobierno había aceptado invertir el orden previsto, dejando pasar a primer plano la mesa de partidos, en la que se discutirían (entre otros temas) las pretensiones programáticas de la izquierda abertzale. Es cierto que, contra lo que afirma el PP, aceptar debatir de algo no presupone disposición a asumirlo. Por otra parte, Zapatero dijo el pasado fin de semana, en Finlandia, que se mantiene el criterio de primero la paz y luego la política, por lo que tal vez todo sea un malentendido. Pero si no lo fuera, no se trataría ya de una cesión simbólica, pues toca a lo esencial del planteamiento aprobado por el Congreso: que sólo es posible la negociación de eventuales reformas del marco político tras la desaparición de cualquier amenaza de vuelta a las armas.

Este criterio está siendo defendido con firmeza por el líder actual del PNV, Imaz, frente al otro sector de su partido, encabezado por Egibar, que estos días ha planteado la cuestión en términos de conseguir que ETA "no vuelva a las armas ni el PNV a la noria de la autonomía". Aceptar que el desenlace sea la sustitución del Estatuto por alguna fórmula soberanista sería meterse en un callejón sin salida. Primero, porque el plan Ibarretxe ya fue rechazado por las Cortes, lo que marca un límite democráticamente infranqueable; y, segundo, porque un marco soberanista (es decir, independentista, aunque se aplazase el momento de aplicarlo) sólo sería posible sobre la base de dejar fuera del acuerdo a la mitad de la plural población vasca, chantajeada con la amenaza del regreso de las armas. Por ello, puede quizás entenderse que negociadores profesionales (suizos) quiten importancia al cambio de orden, pero no que lo relativicen políticos con experiencia. ¿Acaso ignoran que para ETA tan importante como los objetivos es el principio de que la fe sólo puede extenderse por la espada?

Ha dicho Zapatero que lo de Nîmes tendrá consecuencias. Estas podrán ser policiales, judiciales y políticas, y su objetivo no puede ser otro que demostrar a Ternera, Otegi y compañía cuáles son los límites que el Gobierno no puede ni quiere traspasar. La oposición sostiene que ZP ha cedido tanto que no tiene fácil retroceso, porque si fracasa en este asunto perderá las elecciones; pero ese argumento se equilibra con el de que ETA ya sabe que, si fracasa Zapatero, gobernará el PP, que se ha comprometido a revocar todas las decisiones que pudieran salir de la Mesa de partidos.

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El portavoz de Batasuna Joseba Permach dijo ayer estar sorprendido por el escándalo suscitado por el robo de las pistolas, cuando igual de graves son las actuaciones judiciales contra la izquierda abertzale. Escandaliza el paralelismo, pero ¿qué podía esperarse si el lehendakari se considera con derecho a no acatar las consecuencias de la ilegalización de Batasuna, y el socialista Patxi López acepta legitimar a ese partido como interlocutor ante su ameneza de romper la baraja? La imagen que proyecta el discurrir del proceso es de gran asimetría: las concesiones siempre vienen de un lado, y las amenazas del otro.

La única explicación de esta dinámica es que exista un pacto sobre el desenlace final que incluya una serie de concesiones simbólicas destinadas a permitir a ETA presentar su retirada como una victoria. Pero ello serviría para entender silencios ante comunicados o declaraciones, no ante hechos delictivos como el robo de 350 pistolas. Está en la tradición de la banda realizar un acto violento en vísperas de cualquier manifestación o acto político: para que quede claro que los que participan asumen no sólo el fin, sino el método de alcanzarlo. Lo han vuelto a hacer ante la votación de Estrasburgo sobre el proceso anunciado por Zapatero en junio. Por ello, y dado que los terroristas consideran terreno conquistado todo desafío sin respuesta, es el momento de dejar claro a ETA que la verificación ha resultado negativa, y así no puede haber diálogo.

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