La violencia estalla en las barricadas

El conflicto de Oaxaca llega a su hora decisiva. El presidente Vicente Fox ha ordenado el envío de fuerzas de seguridad federales para restablecer el orden, en una decisión reclamada por distintos sectores y que abre ahora innumerables interrogantes. La intervención llega en el contexto más hostil de los cinco meses de conflicto, después de la jornada sangrienta del viernes. El plazo para una operación policial limpia parece agotado, y con los ánimos enardecidos en las filas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los maestros en huelga no cabe esperar que las tropas que entren en la ciudad sean recibidas con flores.

El Gobierno mexicano evaluó durante meses el cómo y el cuándo de una intervención. El objetivo era restablecer el orden y la gobernabilidad sin violencia. Empresa difícil pero no imposible hace un par de meses. A finales de agosto hubo un amago de intervención, cuando aviones de la Marina sobrevolaron la ciudad de Oaxaca y efectivos militares realizaron ejercicios en la costa. La APPO declaró la alerta máxima y aumentó la presión, lo que desanimó al Gobierno federal a tomar la decisión. La pasividad de Fox, justificada en nombre de la salida negociada que nunca llegó, sólo ha contribuido a deteriorar una situación que hoy escapa al control de los distintos actores del conflicto. Ninguno de ellos ha puesto las cosas fáciles.

Los maestros agrupados en la Sección 22 del poderosos Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desencadenaron el conflicto en mayo con su tradicional listado de reivindicaciones. El Gobierno de Ulises Ruiz dio muestras desde un primer momento de su poca disposición a negociar. Bien es cierto, que las mejores condiciones económicas que reclaman los maestros inciden no sólo en el presupuesto de Oaxaca sino en el del estado federal. Es decir, el Gobierno de Fox tenía mucho que decir desde el primer momento.

La opción de reprimir a los huelguistas con un operativo policial el 14 de junio dio un vuelco a la situación y los radicales hicieron su aparición. Nació la APPO, como asamblea de un sinfín de organizaciones sociales de distinto pelaje, que antepuso la salida de Ulises Ruiz a cualquier otra demanda. Los maestros en huelga aceptaron el planteamiento, a pesar de que siguieron negociando con el Gobierno federal.

El gobernador nunca hizo el más mínimo ademán de dar un paso al costado, sino que se escudó en que la mayoría de oaxaqueños votó por él. Sus detractores intentaron que el Senado de la Nación certificara la situación de ingobernabilidad en Oaxaca, que hubiera permitido recurrir a la figura constitucional de la desaparición de poderes y la consiguiente salida del gobernador. El PRI, partido del gobernador, y el PAN votaron en contra. Algunos líderes panistas intentaron convencer a Ruiz de que pidiera licencia, y dar paso a un gobernador interino. Fracasaron en su empeño. El denostado mandatario sigue en su puesto.

La respuesta de la APPO, el cansancio de la población y de una buena parte de los maestros en huelga, fue acentuar la presión para forzar la salida del gobernador. Pero éste ya había adelantado su disposición a recuperar la ciudad por las buenas o por las malas. Envalentonado con el posible fin de la huelga magisterial, Ulises Ruiz ha dado un paso muy arriesgado. Lanzar a fuerzas de choque, a base de militantes priístas y policías estatales, contra las barricadas para crear una situación imposible que obliga al presidente de la República a intervenir. Antes de que sea demasiado tarde y de que tome posesión el presidente electo, Felipe Calderón, el 1 de diciembre.