Zapatero busca un pacto global sobre política hidrológica con todos los presidentes regionales
El Gobierno y el PSOE rechazan los apartados del agua de los estatutos de Aragón y Castilla-La Mancha
La dirección nacional del PSOE ha empezado a trabajar para encauzar la batalla del agua, que amenaza con abrir una fractura entre las distintas federaciones territoriales socialistas y también en el PP. El Gobierno de la nación, y la propia ejecutiva federal, consideran inaceptables algunos de los postulados de los Estatutos de autonomía en tramitación en materia de agua.
Los socialistas trabajan en dos líneas: la elaboración de cambios legales que den participación en los órganos reguladores del agua a las comunidades autónomas, junto a los ajustes necesarios para dar cabida a lo que aprueben las comunidades autónomas en sus Estatutos. Las modificaciones legales, en las que trabaja la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dejarán claro que "la ordenación general del ciclo hidráulico corresponde al Estado".
El responsable autonómico del PSOE, Alfonso Perales, se encargará de redactar un documento para "armonizar intereses" que se presentará en la Conferencia de Presidentes, que reunirá por tercera vez a los jefes de los ejecutivos autonómicos con Zapatero en diciembre. El PSOE buscará el acuerdo con el resto de grupos politicos.
El Gobierno central y el PSOE comparten con otras comunidades la desazón por los postulados de los estatutos de Castilla- La Mancha y de Aragón. La tarea del Gobierno y de la dirección federal del PSOE está en no repetir la experiencia del estatuto de Cataluña en el que la pelea llegó hasta el último minuto. El Gobierno tratará de convencer, primero a los suyos, de lo inaceptable de "blindar" sus ríos y de que la última palabra en la planificación la tiene el Estado. Eso sí, los cambios legales enterrarán la situación actual en la que las autonomías no tienen participación alguna en la gestión de las aguas. Alfonso Perales resume el objetivo del PSOE: "Trabajamos por encajar los intereses de castellano-manchegos, andaluces, murcianos, aragoneses, y valencianos con los de todos los españoles".
Castilla-La Mancha: "Será una larga guerra que vamos a ganar"
La proposición de ley para la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha fue aprobada ayer en el Parlamento autónomo por unanimidad. Incluye la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015. En plena discusión sobre la idoneidad de un trasvase a Murcia, en verano, debido al estado de los embalses de la cabecera del Tajo, el presidente autonómico, José María Barreda, dijo: "Será una larga guerra que vamos a ganar".
Murcia: "No darnos agua sería un delito ecológico"
Murcia vive con dramatismo las decisiones del Gobierno sobre el trasvase de agua del Tajo al Segura. La situación sufrida este verano por los agricultores llevó al presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a asegurar que si el Ejecutivo central no aprobaba la cantidad de metros cúbicos exigidos, la masa arbórea se vería afectada y esto podría "suponer un delito ecológico".
Aragón: "Ninguna comunidad puede exigir el agua de otras cuencas"
El nuevo Estatuto aragonés reserva 6.550 hectómetros de agua del Ebro a propuesta del PP y no blinda el río, aunque sí introduce la obligatoriedad de que la comunidad realice informes sobre posibles transferencias que serán preceptivos pero no vinculantes. Marcelino Iglesias aseguró que "ninguna comunidad puede reclamar el uso de agua de otras cuencas sin tener en cuenta la opinión de la cuenca cedente".
Valencia: "En España hay agua para todos"
El Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por Aragón y Castilla-La Mancha contra el nuevo Estatuto valenciano, que recoge el derecho de los valencianos a la "redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias". El presidente valenciano, Francisco Camps, que mantiene una pugna con esas dos comunidades ha reivindicado el trasvase del Ebro y ha dicho que "en España hay agua para todos".
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