El fiscal pide dos años para Julián Muñoz por una licencia ilegal
La fiscalía de Málaga solicita una pena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por conceder una licencia para construir varias naves industriales sobre un suelo calificado como zona de equipamiento público cultural y social. Se trata del tercero de los aproximadamente 40 casos urbanísticos que tiene pendientes de juicio el que fue regidor marbellí entre mayo de 2002 y agosto de 2003. Muñoz ya cumple condena en la prisión de Jaén por el llamado caso Proínsa, una de las dos causas, junto al caso Banana Beach, por las que el ex alcalde ha sido juzgado hasta el momento.
Los hechos por los que el ministerio público solicita la apertura de juicio oral se produjeron hace ya más de cinco años. El 27 de junio de 2001 la junta de gobierno local aprobó por unanimidad una licencia de obra a la empresa Seleuco S.L. para un proyecto básico de polígono industrial en una parcela en la que el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, el único válido en la ciudad, preveía un equipamiento cultural.
El fiscal sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que la junta de gobierno local concedió la licencia "a sabiendas" de que sobre ese suelo no podían levantarse naves industriales, sino un teatro, una sala de conciertos, un centro cívico o un edificio similar.
Otros siete concejales
Además de Julián Muñoz, el ministerio público solicita también que se sienten en el banquillo de los acusados otros siete ex ediles del extinto Grupo Independiente Liberal (GIL) que formaban parte de la junta de gobierno local que otorgó la licencia ilegal. Se trata de los ex concejales Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Francisco Javier Lendínez, Tomás Reñones, José Luis Troyano, María Luisa Alcalá y Alberto García. Los cinco primeros están imputados en el caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella. Además, Rafael González y María Luisa Alcalá cumplen condena de un año de prisión por el caso Proínsa.
El presunto delito urbanístico no se limitó a la concesión de licencia ilegal. El 12 de febrero de 2003, los mismos acusados, excepto José Luis Troyano, acordaron conceder otra licencia de obra a la misma empresa para reformar el proyecto básico y aprobar el proyecto de ejecución de varias naves industriales. El fiscal considera que este segundo permiso también fue otorgado "a sabiendas de que se concedía en contra de los dictámenes técnicos obrantes en el citado expediente de licencia de obras".
