Vodafone se enfrenta a una sanción de hasta 30 millones tras la avería de ayer
Más de ocho millones de clientes de la operadora se quedaron prácticamente todo el día sin teléfono
La operadora de móviles Vodafone recupera hoy la normalidad después de que una avería en la red dejara ayer sin servicio a sus 8,7 millones de usuarios en España. La empresa se enfrenta ahora a una sanción que puede alcanzar los 30 millones de euros y a las reclamaciones de las organizaciones de consumidores.
Vodafone ha recibido durante la mañana de hoy más de 400.000 consultas telefónicas de sus clientes en relación con el corte de servicio que ayer por la mañana dejó sin conexión a sus clientes en toda España. La compañía está comunicado a sus clientes que la calidad del servicio ya está garantizada y que ahora investiga las causas del corte y sus repercusiones sobre las comunicaciones de sus usuarios.
Sin embargo, el servicio de atención al cliente de Vodafone advierte a los clientes que hoy también se pueden registrar incidencias puesto que el número de llamadas está aumentando y se pueden saturar las redes, tal y como ya ocurrió durante la tarde de ayer.
Además, este servicio asegura que en un plazo máximo de diez días la operadora hará público un informe sobre el incidente -que será remitido al Ministerio de Ciencia y Tecnología- y que, en función de los resultados obtenidos de la investigación, la compañía podría compensar a sus clientes por los daños causados.
Tal y como obliga la ley, la compañía informó ayer de la incidencia y de los trabajos de reparación al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este departamento informó que ha abierto una investigación de oficio, y que en los próximos días Vodafone deberá remitir un informe detallado con las causas de la avería. El departamento que dirige Josep Piqué realizará posteriormente un informe y si estima que ha existido una responsabilidad directa de la empresa en la incidencia, le abrirá un expediente sancionador.
Aunque fuentes oficiales del ministerio eludieron comentar el asunto, según el artículo 79 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) se considera infracción muy grave "el incumplimiento reiterado de la obligación de mantener los niveles de calidad establecidos para la prestación de los servicios". En caso de infracción muy grave, la sanción máxima es del 1% de los ingresos brutos anuales (unos 30 millones de euros, según los datos de 2001), el 5% de los fondos totales utilizados en la infracción o 600.000 euros.
Segunda operadora en España
Además de la sanción, de las indemnizaciones y de los ingresos que haya dejado de obtener ayer, la compañía se enfrenta a un deterioro muy serio de su imagen después de haber logrado superar el 25% de la cuota de mercado español de telefonía móvil, que asciende a más de 33 millones de usuarios. Así, Vodafone es la segunda operadora de móviles en España, tras Movistar, que cuenta con el 55%, y por delante de Amena, con el 18%.
Vodafone, que acaba de nombrar a Francisco Román como consejero delegado, comenzó en España como socio de Airtel en 1995 hasta que la adquirió hace dos años. Es la empresa líder en el sector de móvil del mundo, con más de 100 millones de abonados. Aunque en España obtiene beneficios, la matriz cerró el último ejercicio con unas pérdidas de 23.784 millones de euros por las inversiones en UMTS.
La responsabilidad de la operadora
Tanto las autoridades estatales como autonómicas, así como diversas organizaciones de consumidores, han iniciado gestiones para que Vodafone asuma sus responsabilidades por la avería que se produjo ayer.
El subsecretario de Sanidad y Consumo, Pablo Vázquez, aseguró que el Ministerio iniciará "acciones a nivel nacional" una vez se conozca el informe encargado a la empresa Vodafone sobre los motivos, número de afectados y perjuicio causado por la avería. El subsecretario explicó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha abierto un procedimiento informativo y ha pedido a la compañía Vodafone que le facilite, a lo largo de la próxima semana, información sobre lo ocurrido. Agregó que si la contestación de Vodafone no satisface a los consumidores éstos pueden acudir al sistema arbitral de consumo, "que es más sencillo y no tiene ningún coste", o a las autoridades judiciales.
La Dirección de Consumo del Gobierno vasco mediará entre Vodafone y los consumidores afectados por la interrupción del servicio. Asimismo, indicó que aquellas empresas y profesionales afectados podrán reclamar a Vodafone por cualquier medio que acredite fehacientemente la presentación de dicha reclamación. La Dirección General de Consumo ha remitido un escrito a Vodafone España solicitando que explique las causas de la avería.
El director general de Consumo de Castilla- La Mancha, Carlos Macía, también ha dirigido un escrito a Vodafone España pidiendo que aclaren las causas que originaron dicho fallo y los posibles mecanismos de compensación y reembolso, así como el nivel de información que tuvo el usuario durante la avería.
El director de la Organización de Consumidores y Usuarios, José María Múgica, anunció que esta asociación va a mediar entre Vodafone y sus clientes para buscar un método para compensar a éstos de forma global por la avería. Según dijo Múgica, se trata de buscar "un gesto" por parte de la compañía para sus clientes, de forma que se vean compensados por los problemas que les causó la falta de servicio durante una parte del pasado jueves. "Si se ha producido un fallo y hay una actitud positiva en Vodafone para ofrecer algún tipo de compensación razonable en función de los gastos medios históricos, unas llamadas gratuitas o una carga adicional en las tarjetas, se trataría de llegar a un acuerdo", dijo, antes de precisar de que no se trata de hablar de meses gratis de telefonía o perjuicios por daños morales o barbaridades de este tipo.
La Unión de Consumidores de España (UCE) ha interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la avería producida ayer en la red de la operadora. En la denuncia, la asociación solicita que se "incoe expediente sancionador" a Vodafone por "el incumplimiento de sus obligaciones como empresa prestadora de servicios de telefonía". Asimismo, insta a que se "indemnice de oficio a los usuarios afectados", sin necesidad de que tengan que presentar reclamaciones individuales.
