S&P advierte de que la nacionalización empeora aún más la calificación crediticia de Bolivia
Una de las agencias de calificación de riesgo más grande del mundo, Standard & Poor's, ha emitido hoy un informe en el que advierte de que el decreto de nacionalización de hidrocarburos que el pasado día 1 de mayo firmó el presidente boliviano, Evo Morales, va a empeorar la capacidad de este país y sus empresas para conseguir créditos. Y no sólo por su contenido, sino también por su forma (que califica de "fuertemente retórica") y por su de falta de concreción sobre las condiciones en las que se va a desarrollar la nacionalización.
Esta agencia asegura que el decreto "aporta nuevas evidencias del significativo nivel de inestabilidad política en el país" y consolida los ya de por sí bajos niveles de calificación crediticia. Antes de la medida, Standard & Poor?s (S&P) ya tenía en cuenta al "entorno político impredecible" del país y "las presiones sociales para una mayor intervención del Gobierno" a la hora de asignarle una baja calificación-
"Las complejas y tumultuosas derivas sociales y políticas, que ya han llevado a la retirada de dos presidentes bolivianos, son factores clave que explican los actuales 'rating' concedidos al Gobierno", argumenta, para explicar que en la situación creada tras la firma de la nacionalización, se reduce aún más la capacidad del país para atraer inversión hacia el sector de los hidrocarburos.
El decreto, señala, "carece de detalles acerca de su cumplimiento" y "refleja una promesa electoral", por lo que "parece más un esfuerzo político para ganar posiciones que un plan concreto diseñado para mejorar la participación directa del Estado en el sector". S&P recuerda que las empresas afectadas cuentan con un plazo de 180 días para renegociar su situación en Bolivia y que las compañías que operan en los principales yacimientos verán aumentar las cargas fiscales del actual 50% al 82%.
Para la agencia, existen varios puntos sin concretar. Cualquier cambio en la estructura impositiva boliviana, señala, requiere el visto bueno del Congreso del país, lo que no ha ocurrido en esta ocasión. Tampoco se especifica de dónde sacará fondos el Estado para hacerse con los activos necesarios para aplicar el plan ni qué capacidad operativa y fiscal tendrá la futura petrolera estatal YPFB.
