Grande-Marlaska deja en libertad a Otegi y a los otros siete dirigentes de Batasuna
Joseba Permach tendrá que presentarse diariamente ante el juzgado o la comisaría más cercanos
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dejado en libertad a Arnaldo Otegi y a los otros siete dirigentes de Batasuna y tan sólo ha decretado una medida cautelar contra Joseba Permach, coordinador de la Mesa Nacional, quien deberá presentarse cada día ante la policía.
El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto notificado en la medianoche de este jueves a pesar de que la Fiscalía consideraba que Permach y los otros siete miembros de Batasuna citados como imputados no sólo no habían cometido ningún delito, sino que pretendían "apoyar la situación actual de cese de violencia y la consecución de la misma con carácter definitivo".
Grande-Marlaska estima, sin embargo, que a Permach se le puede imputar un delito de amenazas terroristas en relación con las declaraciones realizadas el pasado 25 de mayo en Radio Euskadi, en las que dijo que "si alguno de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna resultan encarcelados la semana próxima, el proceso (de paz) entrará en una situación de bloqueo".
Amenazas de Permach
Según el magistrado, con sus declaraciones Permach demostró "una función principal" a la hora de valorar la actividad ilícita que imputaba a los comparecientes, que no es otra que la de "tratar de hacer depender el cese de la violencia terrorista de la asunción por los poderes legítimos de los fines ilícitos que guiaban y guían aquélla". El juez, sin embargo, no ha adoptado ninguna nueva medida cautelar contra el resto de los imputados -Arnaldo Otegi, Rufino Etxebarria, Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa, Pernando Barrena, Joseba Álvarez y Juan Cruz Aldasoro-, que no obstante permanecen imputados por el delito de amenazas ante la existencia de "indicios racionales de criminalidad".
En este sentido, el auto señala que tanto las declaraciones de Permach como la constitución de la nueva Mesa Nacional de Batasuna y de la "comisión negociadora" y la entrevista a ETA publicada en Gara "son consecuencia de un plan orquestado por el conjunto del entramado de la organización terrorista". El objetivo de ese plan sería obligar "a los poderes legítimos a negociar y asumir sus exigencias como condición indispensable del cese definitivo del ejercicio de la violencia", pero la ausencia de otros "datos objetivos" impide acordar la prisión solicitada por las acusaciones populares para los imputados e incluso, salvo en el caso de Permach, imponerles nuevas medidas cautelares.
La valoración que el juez hace en su resolución de la actuación de los dirigentes de Batasuna es totalmente opuesta a la de la Fiscalía, que consideró que no sólo no cometieron ningún delito, sino que pretendían recuperar la presencia institucional de la formación ilegalizada y "apoyar" el alto el fuego para convertirlo en definitivo. Así lo aseguraron en una comparecencia ante los periodistas los dos representantes del ministerio público que asistieron a las declaraciones de los miembros de la formación abertzale, el teniente fiscal de la Audiencia, Jesús Santos, y el fiscal portavoz Juan Antonio García Jabaloy, que al término de las mismas no pidieron la adopción de ninguna medida cautelar contra los imputados.
La postura del fiscal
Los fiscales dijeron que los miembros de Batasuna -siete de ellos ya procesados por pertenencia a ETA- no han incurrido en reiteración delictiva, pues no querían contribuir a los fines de la banda, "sino recuperar la presencia institucional de la formación ilegalizada en la vida política, así como apoyar la situación actual de cese de violencia y la consecución de la misma con carácter definitivo". Según la Fiscalía, la situación actual es "diametralmente opuesta" a la que existía el pasado 9 de marzo, cuando Batasuna convocó a una jornada de huelga general, "con la previsible comisión de numerosos desórdenes públicos", y "se encontraba plenamente vigente la actividad criminal de la organización terrorista ETA".
Entonces el ministerio público sí solicitó la adopción de medidas cautelares contra Otegi y otros responsables de Batasuna. Ahora, sin embargo, la Fiscalía considera que, como mucho, se les podría acusar de vulnerar una medida cautelar, en referencia a la suspensión de actividades de Batasuna.
Amenazas terroristas
Sobre el delito de amenazas terroristas, la Fiscalía cree que ni Otegi -que habló de la "extrema gravedad" de la situación en la que se encontraba el proceso de paz- ni Permach -que este jueves ha negado haber tenido "intención intimidatoria"- incurrieron en él, y que sus manifestaciones son "de contenido únicamente político" y están "amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión". Además, creen que sus palabras no entrañan en sí mismas advertencia alguna al uso de la violencia ni una invocación al empleo de la actividad terrorista para la consecución de finalidades políticas.
