Un ex piloto de Pinochet confiesa que lanzó al mar los cadáveres de opositores
Un ex piloto de los helicópteros del ex dictador Augusto Pinochet ha confesado a un juez haber lanzado al mar en 1987 los cuerpos de cinco opositores a la dictadura, que previamente fueron asesinados con un veneno. Según reveló ayer el diario La Nación, el piloto del comando de Aviación, apodado Chino Campos, contó al magistrado Hugo Dolmetsch que su jefe, el coronel Mario Navarrete, le ordenó ir en un helicóptero al campo militar de Peldehue a buscar "unos paquetes".
Los "bultos" eran los cuerpos de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una facción del Partido Comunista que combatía al régimen, que habían sido detenidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI) para canjearlos por el coronel Carlos Carreño, secuestrado por el grupo. Los detenidos —Gonzalo Fuenzalida, Julio Muñoz, José Peña, Alejandro Pinochet y Manuel Sepúlveda— son los últimos nombres que se conocen de los más de 1.000 desaparecidos por la dictadura. Por el caso de estas cinco víctimas están procesados hasta ahora el jefe de la CNI, general Hugo Salas, tres oficiales, dos suboficiales y cuatro empleados civiles del Ejército.
Pinochet, sin inmunidad
Por otra parte, el pleno de jueces de la Corte Suprema desaforó ayer a Pinochet, lo que confirma un fallo previo de la Corte de Apelaciones de Santiago, por su presunta responsabilidad en el secuestro y ejecución de dos víctimas de la Caravana de la Muerte.
Aunque el Tribunal Superior no dio a conocer el dictamen ni su votación y sólo lo hará cuando esté redactado el texto, el pleno de jueces sólo puede quitar un fuero —garantía que en este caso Pinochet tiene por su condición de ex presidente— si logra "sospechas fundadas" de la participación del inculpado. El juez Víctor Montiglio, a cargo del sumario, deberá ahora interrogar al ex dictador por estos dos crímenes y resolver si lo somete a proceso.
Las víctimas, Wagner Salinas y Francisco Lara, eran miembros de la escolta del ex presidente Salvador Allende y ambos fueron detenidos en la ciudad de Curicó el 30 de septiembre de 1973, tres semanas después del golpe militar. El general Sergio Arellano, jefe de la Caravana de la Muerte, una comitiva militar enviada por Pinochet que asesinó a decenas de prisioneros políticos de la dictadura en distintas ciudades, ordenó trasladar a Salinas y Lara a Santiago, donde ambos fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en una calle.
Los casos de Salinas y Lara no fueron incluidos en la querella por los 75 secuestros y homicidios que se le imputan a la comitiva. Pero en la práctica, esta resolución de la Corte Suprema reabrió el proceso por la Caravana de la Muerte, por el que Pinochet fue juzgado, aunque después ese mismo tribunal lo sobreseyó en 2002 por su supuesta "demencia senil".
