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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Alerta caótica

Sanidad ha gestionado precipitadamente el caso del aceite de girasol contaminado

La alerta sanitaria emitida el viernes sobre un probable caso de contaminación de aceite de girasol procedente de Ucrania no pasará a la historia política como un ejemplo de responsabilidad y transparencia, sino más bien como una muestra de precipitación y gestión confusa. El Ministerio de Sanidad que dirige Bernat Soria ha considerado que debía aplicar el principio de máxima seguridad ante un posible riesgo para la salud ciudadana y que los consumidores tenían derecho a conocer este peligro. Pero lo ha hecho con criterios tan caóticos y contradictorios que lo único que ha conseguido es inquietar a los consumidores sin atajar una amenaza que no está cuantificada, además de perjudicar al mercado del aceite de girasol, un sector muy importante en España.

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Sanidad levanta la alerta sobre el consumo de aceite de girasol

El ministerio incurre en contradicción cuando recomienda que no se consuma aceite de girasol al tiempo que descarta la amenaza de intoxicación aguda; multiplica la confusión cuando lanza una alerta sanitaria sin prohibir la venta del producto contaminado; y pierde cualquier atisbo de seriedad cuando anuncia, por boca del propio ministro, que no se anunciarán las marcas presuntamente afectadas y que la alerta se levantará "en breve". Tres inconsistencias suficientes para entender la alerta del viernes como un exceso administrativo, producto de una situación mal interpretada y tramitada con excesivo nerviosismo. Mientras, las autoridades ucranias guardaban ayer un sepulcral silencio; Francia, Holanda, Italia o Reino Unido, otros países importadores del aceite de girasol, se han cuidado de no alarmar innecesariamente a los consumidores sin una cuantificación exacta de la posible contaminación por hidrocarburos. Lo mismo ha hecho la Comisión Europea.

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Este desliz puede explicarse en parte por el miedo de la Administración española a que se reproduzcan casos tan destructivos políticamente como el aceite de colza o las vacas locas. Pero el daño ya está hecho y la confusión ya se ha sembrado. Lo correcto ahora es que el ministro vuelva a comparecer, explique, si puede, las contradicciones citadas y ofrezca las satisfacciones oportunas a los perjudicados, que no son sólo las empresas productoras y distribuidoras, sino también y principalmente los atónitos consumidores.

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