Los arquitectos reclaman mano dura contra las ilegalidades

El Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana ha pedido una "actuación ejemplar" contra los responsables de las construcciones ilegales. La junta de gobierno de este órgano profesional se reunió ayer en Alicante tras la decisión del Consell de suspender la normas urbanísticas al Ayuntamiento de Catral. El decano, Juan Castillo, resaltó que el Colegio no ha visado nunca edificiación alguna en suelo no urbanizable.

La junta de gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana se desplazó ayer por la tarde hasta Alicante para analizar el escándalo de construcciones ilegales en la Vega Baja. A la cita acudieron ocho arquitectos municipales, entre ellos el del Consistorio de Catral, Luis Rocamora.

Al término de la reunión el decano, Juan Castillo, hizo hincapié en que no les consta que haya en el Colegio visado ningún proyecto construido en suelo no urbanizable. Los representantes de los arquitectos redactaron al término de la reunión un comunicado conjunto en el que reconocen, según lo publicado durante estos días, que "alguno o algunos escalones han fallado estruendosamente".

La propuesta que lanzaron consta de siete puntos. Por un lado, colaborarán para "delimitar el ámbito de la actuación infractora o delictiva", también solicitan a la consejería, a la Fiscalía y la Justicia una "actuación ejemplar" contra aquellos responsables que incumplan la norma. Además, advirtieron de que "no puede quedar la sensación de que a alguien que vulnera la ley el negocio le sale más a cuenta que cumplir con la legalidad".

Los arquitectos consideran que "sería terrible que una vez descubierto, salga beneficiado el infractor o el delincuente, en relación con quien ejerce honestamente". Castillo aseveró que la inmensa mayoría de los arquitectos "son honrados y se ajustan a la legalidad".

El Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana planteó también proponer la "regularización" de las irregularidades detectadas que tenga por finalidad "el bien social y su tranquilidad y la restitución de la confianza" en las instituciones. En cuarto término, defendieron que una vez "reducida al mínimo la situación de ilegalidad" se debe actuar de manera que se establezca la ley y buscar "el resarcimiento de los perjudicados, a cuenta de los responsables".

Otra de las medidas que plantearon fue proponer a los notarios y registradores que en el transcurso de las operaciones de compraventa de los inmuebles se exija la cédula urbanística del suelo u objeto de transacción. Por último, trasladaron un mensaje de normalidad y destacaron que "la inmensa mayoría de los profesionales actúan dentro de la estricta legalidad".